Camacho sobre el caso del fiscal: la justicia no será refugio para la impunidad

Wilson Camacho advierte que toda evidencia de soborno será procesada en tribunales

El procurador adjunto, Wilson Camacho, ha enviado un mensaje contundente: el sistema de justicia no será refugio para la impunidad. Tras la reciente audiencia contra el fiscal Aurelio Valdez Alcántara, el magistrado reafirmó el compromiso inquebrantable de la gestión actual de llevar hasta las últimas consecuencias cualquier indicio de prevaricación, especialmente cuando el delito se gesta en el seno del propio Ministerio Público.

El caso que hoy ocupa la atención nacional gira en torno a una entrega controlada de 10,000 dólares, ejecutada bajo estricta autorización judicial. Según Camacho, esta operación de inteligencia no fue un evento aislado, sino el resultado de un proceso de depuración interna diseñado para extirpar conductas que empañan la labor fiscal. 

Dijo que Valdez Alcántara habría solicitado dicha suma para alterar el curso de investigaciones que estaban bajo su responsabilidad, una acción que el procurador adjunto calificó como una de las formas más perversas de corrupción.

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“Cuando la justicia se vuelve soluble en dinero, se desvanece la seguridad jurídica de toda la nación”, expresó Camacho a su salida de la Corte de Apelación del Distrito Nacional. 

La postura es clara: no se ocultará ni se tolerará ninguna inconducta, sin importar el rango de quien la cometa. 

Este enfoque de "limpiar la casa" busca devolver la confianza a una ciudadanía que exige transparencia y coherencia en la persecución del delito.

Estrategias de defensa para dilatar proceso

Durante la jornada procesal en la Segunda Sala de la Cámara Penal, la jueza Ysis B. Muñiz Almonte decidió aplazar la audiencia de medida de coerción para el próximo viernes 10 de abril de 2026. 

Esta decisión fue tomada a solicitud de la defensa técnica del imputado, una maniobra que Camacho denunció como un intento deliberado por retardar la justicia. 

El Ministerio Público se opuso firmemente a esta prórroga, argumentando que los abogados defensores han contado con tiempo suficiente para preparar sus alegatos y que el retraso solo perjudica la celeridad que demanda un caso de esta gravedad.

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Por su parte, la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, quien dirige directamente las pesquisas, ha sido enfática en señalar que la vara con la que se mide la criminalidad es la misma para todos.

La gravedad del hecho radica en que los fiscales son, por definición, los llamados a tutelar la ley y perseguir el crimen, no a participar en él.

El Ministerio Público continúa recabando pruebas y analizando si existen más implicados en esta red. 

La promesa de las autoridades es presentar una acusación robusta fundamentada en evidencias técnicas y materiales, garantizando que el proceso no solo termine en los tribunales, sino que resulte en sanciones ejemplarizadoras que sirvan de advertencia contra futuras prácticas corruptas dentro del aparato judicial.