Acusan a hermanos Espaillat por tragedia en Jet Set

Ministerio Público pide juicio por colapso que dejó 236 fallecidos

El Ministerio Público formalizó este lunes la acusación contra los hermanos Antonio Espaillat López y Maribel Espaillat Veras, imputados por el colapso del techo de la discoteca Jet Set, tragedia ocurrida el 8 de abril de 2025 que dejó 236 personas fallecidas y más de 100 heridas, en uno de los hechos más impactantes de los últimos años en la capital dominicana.

Durante la audiencia, los fiscales litigantes Emmanuel Ramírez, Miguel Collado y Rosa Ysabel presentaron un resumen del documento acusatorio, compuesto por 156 páginas, en cumplimiento de lo establecido por el Código Procesal Penal. El expediente describe una cadena de decisiones que, según el órgano persecutor, contribuyeron al deterioro progresivo de la estructura del establecimiento.

El juez Raymundo Mejía, del Primer Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional, dispuso un receso hasta el 20 de abril de 2026 para que los querellantes formalicen sus reclamaciones civiles. Hasta el 6 de abril, el proceso registra 141 querellantes, entre víctimas directas y familiares de los afectados.

De acuerdo con la acusación, los imputados habrían incrementado el riesgo estructural del local al permitir la instalación de equipos de climatización de gran tamaño y tinacos de agua sobre el techo, sin contar con estudios técnicos que certificaran la capacidad de carga del inmueble. El Ministerio Público sostiene que también fueron ignoradas advertencias internas que alertaban sobre el deterioro de la estructura, privilegiando decisiones económicas por encima de criterios de seguridad.

El expediente incluye los hallazgos técnicos elaborados por los peritos Leonardo de Jesús Reyes Madera, Eduardo A. Fierro y Máximo José Corominas Quezada, especialistas designados para analizar las causas del colapso. Sus conclusiones apuntan a fallas acumuladas en la estructura, agravadas por intervenciones que habrían alterado su estabilidad original.

La solicitud de apertura a juicio marca una nueva etapa en un caso que ha generado amplio debate sobre la responsabilidad empresarial, la supervisión de infraestructuras y la necesidad de reforzar los controles de seguridad en espacios de alta concurrencia.