Corte de Apelación revoca extinción contra Micky López

Justicia reactiva proceso por lavado y ordena continuar el juicio

En un giro determinante para la lucha contra la impunidad en la República Dominicana, la Cámara Penal de la Corte de Apelación de La Vega ha revocado la decisión que declaraba extinguida la acción penal contra Miguel Arturo López Florencio (Micky López). 

Con este fallo, el tribunal de alzada no solo anula el beneficio procesal que favorecía al imputado y a su entorno familiar, sino que ordena de manera inmediata la continuación del juicio por lavado de activos provenientes del narcotráfico.

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Freno a tácticas dilatorias

El Ministerio Público, representado por la fiscal titular Aura Luz García Martínez, logró demostrar que la sentencia de primera instancia adolecía de una errónea aplicación de la norma. 

El órgano acusador subrayó que el proceso, iniciado en 2020 y declarado de tramitación compleja, se vio afectado por múltiples aplazamientos solicitados por la defensa. Según los fiscales, estas maniobras buscaban deliberadamente el vencimiento de los plazos para evadir la justicia.

La Corte acogió el argumento de que, al decidir sobre la extinción, no se ponderaron factores críticos como el comportamiento de las partes o el volumen de trabajo del sistema judicial. 

Esta resolución alcanza también a los hijos del principal acusado y a una red de empresas inmobiliarias y agropecuarias que, presuntamente, servían de mampara para blanquear más de 8 mil millones de pesos en el sistema financiero nacional.

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Golpe a red criminal

El expediente detalla una estructura familiar que diversificaba capitales ilícitos obtenidos del tráfico de sustancias hacia Europa y Estados Unidos. Cabe destacar que este caso ya cuenta con un precedente de condena: la exdiputada Rosa Amalia Pilarte, esposa de López, quien actualmente cumple cinco años de prisión por su vinculación a esta red.

Para las autoridades, este paso es significativo en la persecución del crimen organizado. Al reactivar el proceso, la justicia dominicana reafirma que los vínculos familiares y las estrategias de dilación no serán suficientes para detener el avance de expedientes que involucran la seguridad nacional y la integridad del sistema económico.