Protesta sacude Puerto Rico contra megaproyecto turístico residencial

Más de cincuenta mil ciudadanos marchan denunciando impactos ambientales, sociales y económicos

Una imponente movilización ciudadana volvió a colocar en el centro del debate el modelo de desarrollo en Puerto Rico. Más de 50 mil manifestantes salieron a las calles de San Juan para expresar su rechazo al megaproyecto hotelero-residencial que pretende levantarse en el municipio de Cabo Rojo, iniciativa que muchos consideran un intento de convertir esa zona en un enclave exclusivo para grandes fortunas.

La marcha denominada “Cabo Rojo se defiende” recorrió la isleta de San Juan desde el estadio Sixto Escobar, en El Escambrón, hasta la sede del poder ejecutivo en La Fortaleza, realizando además una parada frente al Capitolio. 

Durante el recorrido, los participantes denunciaron lo que calificaron como complicidad política de sectores legislativos vinculados a los partidos Nuevo Progresista (PNP) y Popular Democrático (PPD).

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Protesta multitudinaria en calles

Con banderas puertorriqueñas ondeando y consignas como “Cabo Rojo no se vende, Cabo Rojo se defiende”, los manifestantes afirmaron que la movilización representa una “lucha por la vida y por el territorio”. Diversas organizaciones sociales, ambientales y comunitarias alertaron que el proyecto podría tener consecuencias irreversibles para el ecosistema local.

Según la organización Sea Grant Puerto Rico, el complejo turístico ocuparía la zona de Los Pozos, una franja costera considerada de alto valor ecológico y cultural. La entidad advierte que la construcción podría restringir el acceso público, afectar la flora y fauna del área e incluso poner en riesgo posibles vestigios arqueológicos.

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Impacto social en debate

El abogado Francisco Vargas Alcántara, integrante del Comité por la Verdadera Esencia del Suroeste, sostuvo que la oposición no se limita a preocupaciones ambientales. “Aquí hay también implicaciones económicas, sociales y de vivienda que afectan directamente a las comunidades”, señaló.

Mientras tanto, el gobierno encabezado por la gobernadora Jenniffer González ha respaldado el desarrollo del proyecto, cuyo costo estimado supera los 2,684 millones de dólares. Sus promotores aseguran que generaría 17 mil empleos durante la construcción y cerca de tres mil puestos permanentes.

Sin embargo, para miles de puertorriqueños que tomaron las calles, el dilema es claro: desarrollo económico o preservación del territorio. La discusión apenas comienza. Con datos de PL.