PC: eliminar candidaturas independientes desafía al Tribunal Constitucional

El Congreso debía regular y viabilizar las candidaturas independientes, no suprimirlas

La discusión sobre el futuro del sistema electoral dominicano volvió a encender el debate público luego de que la vocera del movimiento cívico Participación Ciudadana, Leidy Blanco, rechazara la propuesta de eliminar las candidaturas independientes. La activista considera que esta iniciativa representa un abierto desafío al mandato del Tribunal Constitucional, que previamente ordenó reglamentar esta figura para facilitar su aplicación dentro del sistema democrático.

Durante una entrevista televisiva en el programa Esferas de Poder, Blanco afirmó que la decisión legislativa va en dirección opuesta a lo establecido por la alta corte. A su juicio, la sentencia del tribunal no deja margen para interpretaciones: el Congreso debía regular y viabilizar las candidaturas independientes, no suprimirlas.

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Debate electoral abierto

Blanco sostiene que la figura del candidato independiente está profundamente vinculada con derechos fundamentales de la ciudadanía, como elegir y ser elegido sin depender necesariamente de estructuras partidarias tradicionales.

Según explicó, el Tribunal Constitucional no legisló, sino que reconoció la existencia de ese derecho dentro del marco democrático y delegó al Congreso Nacional la tarea de crear la normativa que permita su funcionamiento.

La vocera de Participación Ciudadana considera que la reacción de los partidos políticos responde en gran medida al temor de que surjan figuras políticas alternativas o antisistema capaces de competir fuera del esquema partidario tradicional. Ese escenario, afirma, podría alterar el equilibrio político que ha predominado durante décadas.

Blanco también advirtió que el país enfrenta niveles preocupantes de abstención electoral, fenómeno que atribuye al desencanto de muchos ciudadanos con las ofertas políticas actuales. En ese contexto, la incorporación de candidaturas independientes podría estimular una mayor participación ciudadana y obligar a los partidos a renovar sus propuestas, liderazgos y prácticas internas.

Incluso señaló que en procesos electorales recientes han surgido aspirantes vinculados a actividades ilícitas, lo que evidencia la necesidad de revisar los mecanismos de selección y control dentro de las organizaciones políticas.

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Corrupción sin castigo

Más allá del debate electoral, la activista también lanzó una crítica contundente al sistema judicial dominicano. Según Blanco, la mora judicial en los casos de presunta corrupción supera el 80%, lo que refleja una grave debilidad institucional en la lucha contra el uso indebido de los recursos públicos.

La jurista aseguró que, pese a los múltiples expedientes abiertos en los tribunales, no existe una sola sentencia ejemplarizante que marque un precedente contundente contra la corrupción administrativa.

Para Blanco, esta situación genera un mensaje peligroso dentro de la administración pública: la percepción de que no existen consecuencias reales para quienes cometen irregularidades en el ejercicio del poder.

La activista sostiene que el problema radica también en la falta de una visión clara sobre quiénes son las verdaderas víctimas de la corrupción. A su juicio, el principal afectado es el pueblo dominicano, que termina recibiendo servicios públicos deficientes debido a la sustracción de recursos estatales.En ese contexto, advierte que sin reformas profundas en el sistema político y judicial, la democracia dominicana corre el riesgo de enfrentar una creciente desconfianza ciudadana y debilitamiento institucional.