El complejo caso del fiscal acusado de supuesto soborno estremece MP

Ministerio Público formaliza caso y pide cárcel por entrega de US$10,000 dólares

El caso contra el fiscal Aurelio Valdez Alcántara entra en una fase decisiva. La tarde de este domingo, el Ministerio Público se dispone a formalizar la solicitud de medida de coerción en su contra, luego de su arresto en flagrante el pasado viernes, acusado de recibir un soborno de 10 mil dólares.

El titular de la Dirección de Persecución, Wilson Camacho, confirmó que la instancia será depositada ante la presidencia de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional. A partir de ese momento, el proceso seguirá un curso poco habitual: al tratarse de un fiscal, el expediente entra bajo la figura de jurisdicción privilegiada.

Eso implica que el presidente de la corte, Julio César Cano Alfau, deberá asignar mediante sorteo aleatorio computarizado a uno de los jueces que conocerá la medida de coerción. La audiencia podría fijarse en cuestión de horas, dependiendo de la carga del tribunal y de si la defensa solicita tiempo para estudiar el expediente.

La acusación es directa. Según el Ministerio Público, Valdez Alcántara fue detenido durante una “entrega controlada” previamente autorizada por un juez, en la que habría recibido dinero en efectivo de una persona que estaba bajo investigación. Las autoridades sostienen que el pago buscaba influir en decisiones procesales.

El expediente, de acuerdo con fuentes del órgano acusador, incluye grabaciones y dinero previamente marcado, elementos que suelen ser determinantes en este tipo de casos. La estrategia del Ministerio Público es clara: solicitar prisión preventiva como medida cautelar, alegando la gravedad de los hechos y el riesgo de obstrucción de la justicia.

El impacto del caso va más allá de lo penal. Valdez Alcántara no era un fiscal cualquiera. Desde 2020 formaba parte de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), donde trabajó de cerca con figuras clave como Yeni Berenice Reynoso.

Durante su paso por esa unidad, participó en investigaciones sensibles que marcaron la agenda judicial del país, entre ellas la Operación Medusa, el caso Los Tres Brazos y otros expedientes vinculados al manejo de fondos públicos. Su arresto, en ese contexto, abre una grieta incómoda: las defensas de algunos de esos casos podrían intentar cuestionar la integridad de procesos en los que él tuvo participación.

Aun así, la postura oficial ha sido tajante. Reynoso reiteró este fin de semana una política de “cero tolerancia” frente a la corrupción interna, dejando claro que el proceso contra Valdez Alcántara no tendrá trato preferencial.

En los pasillos judiciales, el ambiente es de expectativa. El desenlace inmediato dependerá de la audiencia de coerción: si el tribunal acoge la solicitud del Ministerio Público, el fiscal pasará a prisión preventiva mientras avanza la investigación.

Por ahora, el caso se mueve con rapidez y bajo alta exposición pública. Lo que ocurra en las próximas 48 horas será clave, no solo para el destino judicial del imputado, sino también para la credibilidad de las investigaciones anticorrupción que él mismo ayudó a construir.