Operación Calamar expone red política acusada de millonario saqueo

Ministerio Público sostiene que exfuncionarios desviaron recursos públicos durante años mediante expropiaciones irregulares

La acusación del Ministerio Público dominicano en el marco de la llamada Operación Calamar ha colocado nuevamente en el centro del debate nacional la lucha contra la corrupción administrativa. El director general de Persecución, Wilson Camacho, afirmó que el proceso judicial revela la existencia de una compleja trama que habría operado desde las mismas entrañas del poder estatal para desviar miles de millones de pesos pertenecientes a los contribuyentes.

De acuerdo con el procurador adjunto, los exministros Donald Guerrero, José Ramón Peralta y Gonzalo Castillo, junto a otros funcionarios y colaboradores, habrían integrado una estructura que utilizó posiciones estratégicas dentro del Estado para ejecutar operaciones irregulares vinculadas principalmente a pagos por expropiaciones de terrenos declarados de utilidad pública.

Fiscalía exige condenas firmes en emblemático juicio anticorrupción 

Millonarias expropiaciones cuestionadas

Camacho explicó que solo en el esquema relacionado con expropiaciones se habrían sustraído más de RD$19 mil millones del erario. Ese dinero, según sostuvo el representante del Ministerio Público, pudo haberse destinado a servicios esenciales, particularmente en el contexto crítico de la pandemia de la Covid-19, cuando el sistema sanitario nacional enfrentaba presiones extraordinarias.

Según la acusación, la estructura presuntamente manipulaba reclamaciones de pagos al Estado por antiguas expropiaciones, muchas de ellas impulsadas por intermediarios que habrían sido instigados por funcionarios públicos. Una vez gestionados los pagos, la red se quedaba con hasta el 70 % de los montos desembolsados, dejando solo una fracción para los reclamantes.

El procurador también describió situaciones que calificó de “inverosímiles”, como el hecho de que un alistado de una institución militar pudiera retirar hasta mil millones de pesos en efectivo del sistema financiero, operación que habría sido utilizada para mover recursos provenientes del esquema fraudulento.

Además de las expropiaciones, la acusación señala la existencia de sobornos relacionados con la regulación de los juegos de azar, sector que depende del Ministerio de Hacienda y que, según el expediente, habría sido utilizado para alimentar el flujo de dinero hacia la red.

Arrestan fiscal sorprendido recibiendo US$10,000 en soborno

Batalla judicial abierta

Tras presentar sus conclusiones de réplica ante el tribunal, el Ministerio Público solicitó que todos los imputados sean enviados a juicio de fondo, al considerar que el expediente contiene suficientes elementos probatorios para sustentar la acusación.

El proceso incluye 1,278 medios de prueba, entre documentos, testimonios y evidencias financieras que, según Camacho, permiten reconstruir el funcionamiento de la estructura y demostrar cómo se habría producido el desfalco contra el Estado dominicano.

Entre los acusados figuran también Daniel Omar Caamaño, excontralor general de la República; Luis Miguel Piccirillo, exdirector del Consejo Estatal del Azúcar (CEA); Claudio Silver Peña, exdirector de Catastro Nacional; así como Óscar Chalas Guerrero y Julián Omar Fernández, quienes ocuparon cargos en la Dirección de Casinos y Juegos de Azar.

Para el Ministerio Público, la magnitud del caso y la cantidad de recursos comprometidos convierten el proceso en uno de los expedientes de corrupción más relevantes de los últimos años en el país. Camacho expresó confianza en que el sistema de justicia actuará con firmeza y que el tribunal permitirá que el caso avance a juicio.

La maternidad sigue siendo riesgo mortal para miles de mujeres

Defensa de José Ramón Peralta

Sin embargo, la defensa de uno de los acusados sostiene una postura radicalmente distinta. El abogado Pedro Balbuena, representante legal del exministro José Ramón Peralta, aseguró que su cliente es “víctima de una investigación viciada” y que el expediente carece de pruebas que demuestren irregularidades en su gestión.

Durante la fase de contrarréplica ante el Cuarto Juzgado de Instrucción, Balbuena afirmó que la acusación se sustenta en suposiciones y narrativas, sin respaldo documental suficiente para sostener un proceso penal sólido.

El jurista argumentó que el patrimonio de Peralta es resultado de décadas de actividad empresarial previa a su entrada en la política, y subrayó que durante los más de siete años en los que el exfuncionario dirigió el Ministerio Administrativo de la Presidencia no se registraron auditorías que evidencien irregularidades.

La defensa insiste en que el tribunal debe desestimar la acusación, alegando que la justicia debe basarse exclusivamente en pruebas irrefutables y no en interpretaciones o presiones mediáticas.

Mientras el tribunal evalúa los argumentos de ambas partes, el país observa con atención el desarrollo de un proceso judicial que pone en juego la credibilidad institucional y la lucha contra la corrupción en la República Dominicana. El desenlace del caso podría marcar un precedente decisivo en la historia reciente del sistema judicial dominicano.