Fiscalía exige condenas firmes en emblemático juicio anticorrupción 

Ministerio Público defiende acuerdo con colaborador y reclama decomiso millonario bienes

El Ministerio Público reafirmó su expectativa de que el tribunal emita sentencias contundentes en el proceso judicial que involucra a varios ex altos mandos militares acusados de integrar una red de corrupción administrativa y desfalco al Estado dominicano.

El procurador adjunto Wilson Camacho, director general de Persecución, expresó su confianza en que el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional dicte condenas ejemplares y no meramente simbólicas contra los principales acusados, entre ellos los generales Adán Benoni Cáceres Silvestre, Juan Carlos Torres Robiou y Julio Camilo de los Santos Viola.

El proceso forma parte de la judicialización de las operaciones Coral y Coral 5G, consideradas por el Ministerio Público como uno de los mayores casos de corrupción administrativa investigados en el país en los últimos años.

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Acuerdo bajo debate

Durante declaraciones a la prensa, Camacho también abordó las discusiones surgidas en torno al acuerdo de colaboración firmado por el acusado Raúl Alejandro Girón Jiménez, señalando que cualquier cuestionamiento responde a una confusión planteada por su defensa.

El funcionario explicó que el acuerdo fue formalizado mediante un documento firmado y que el Ministerio Público ha cumplido estrictamente con cada uno de los compromisos establecidos.

“Ese acuerdo está consignado en un documento y fue puesto a disposición del tribunal para mayor claridad”, afirmó Camacho, al subrayar que el proceso penal dominicano se desarrolla principalmente de forma oral, lo que explica por qué inicialmente no se había presentado de manera escrita.

El acuerdo contempla el decomiso de dinero y bienes, una medida que, según el Ministerio Público, está respaldada por las pruebas presentadas durante las audiencias.

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Millones bajo investigación

Las autoridades sostienen que la estructura criminal habría sustraído más de RD$4,500 millones del Estado, utilizando mecanismos fraudulentos vinculados a instituciones como el Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep), el Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur) y el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani).

En el juicio, el Ministerio Público ha presentado un voluminoso expediente que incluye 2,201 pruebas documentales, 141 peritajes, 282 testimonios de testigos y peritos, además de más de 100 pruebas materiales.

Entre los bienes incautados figuran 214 propiedades inmobiliarias, 86 vehículos de alto cilindraje, relojes de lujo, armas de fuego, dinero en efectivo y equipos electrónicos.

Asimismo, los fiscales solicitaron penas de hasta 20 años de prisión para los principales imputados, además de multas equivalentes a 400 salarios mínimos y el decomiso definitivo de los bienes vinculados al entramado.

El Ministerio Público también pidió la disolución de varias empresas y entidades religiosas utilizadas presuntamente para ocultar capitales ilícitos y legitimar recursos obtenidos de manera fraudulenta.

Camacho aseguró que el objetivo del proceso es garantizar que los responsables respondan ante la justicia y que los recursos desviados regresen al Estado, marcando así un precedente en la lucha contra la corrupción.