Red policial habría desviado miles de municiones al mercado ilegal

Ratifican prisión a capitán en caso Pandora por presunto desfalco millonario

SANTO DOMINGO (República Dominicana).—El expediente judicial que destapó la llamada Operación Pandora sigue revelando la dimensión de una trama que, según el Ministerio Público, operó desde el corazón mismo de la Policía Nacional. No se trató de un hecho aislado ni de una falla administrativa menor. Las autoridades hablan de una estructura organizada que logró sustraer y comercializar casi un millón de municiones, además de armas y pertrechos, provocando un perjuicio económico que supera los 92 millones de pesos.

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La investigación sitúa en el centro del caso al capitán Nelson Valdez, quien dirigía el Depósito de Armas, Municiones y Pertrechos al momento en que se produjo el desmantelamiento de la red, en noviembre de 2024. Esta semana, el Segundo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional decidió mantener en su contra la medida de prisión preventiva, acogiendo la solicitud del Ministerio Público.

La procuradora fiscal Rosa Ysabel explicó que no han variado las condiciones que justificaron la medida inicial. En términos prácticos, esto significa que el tribunal considera vigente el riesgo procesal, así como la gravedad de los hechos imputados.

El caso no se limita a una sola persona. El expediente incluye a otros implicados, entre ellos Víctor Manuel Santos Rodríguez, Ángel Rubiel Martínez Bacilio, Juan Luis Díaz Medina, Juan Miguel Soler Pérez, Morelbin Medina Pérez, Marino Antonio Rodríguez Toribio y Miguelina Bello Segura, quienes enfrentan distintas medidas de coerción. Todos son señalados como parte de un engranaje que habría facilitado la salida irregular de armas y municiones desde almacenes oficiales hacia circuitos ilegales.

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Las cifras que maneja la acusación son contundentes: 836,970 municiones y 645 pertrechos habrían sido desviados desde la Intendencia de Armas durante la gestión del coronel Narciso Antonio Feliz Romero, quien también guarda prisión preventiva.

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El patrón descrito por los fiscales apunta a una operación sostenida en el tiempo, en la que los implicados habrían manipulado controles internos para sustraer bienes del Estado sin levantar sospechas inmediatas.

De acuerdo con la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), los acusados no solo retiraban el material, sino que lo insertaban en el mercado ilícito para obtener beneficios económicos. Esta doble operación —sustracción y comercialización— es la que sostiene la acusación de desfalco y asociación de malhechores.

En paralelo, el tribunal presidido por la jueza Patricia Padilla acogió una solicitud del Ministerio Público para dejar sin efecto la revisión obligatoria de medidas contra algunos imputados, entre ellos el propio Narciso Feliz, Juan Soler y Morelbin Medina. La decisión se fundamenta en que sus casos ya habían sido revisados en apelación el pasado 12 de febrero.

El proceso entra ahora en una fase clave. La audiencia preliminar, en la que el Ministerio Público presentará formalmente la acusación y las pruebas recolectadas, está programada para el 14 de abril de 2026. Será en ese escenario donde se definirá si el caso pasa a juicio de fondo.

Mientras tanto, los principales acusados permanecen recluidos en el Centro de Privación de Libertad de La Victoria, a la espera de que avance un proceso que, por su alcance, ha puesto bajo escrutinio los mecanismos de control interno dentro de la institución policial.

En términos legales, el Ministerio Público ha construido una acusación amplia. A los implicados se les atribuyen delitos que van desde coalición de funcionarios y prevaricación hasta desfalco, asociación de malhechores, tráfico ilícito de armas y lavado de activos. El abanico de cargos refleja, según los fiscales, la complejidad de una red que no solo operaba para sustraer recursos, sino también para ocultar su rastro y legitimar las ganancias obtenidas.

El caso Pandora, más allá de sus cifras, deja una pregunta abierta sobre la vulnerabilidad de las estructuras encargadas de custodiar armamento estatal. Una interrogante que, de cara al proceso judicial, será tan relevante como las pruebas que se presenten en los tribunales.