Mantiene preso a capitán por sustraer más de 900,000 proyectiles

Tribunal confirma coerción por escándalo de corrupción militar que sacude instituciones

El sistema judicial dominicano volvió a enviar una señal contundente frente a uno de los mayores escándalos recientes dentro de los cuerpos de seguridad del Estado. Una jueza del Distrito Nacional ratificó la prisión preventiva contra el capitán Nelson Valdez, señalado como pieza clave de una red criminal acusada de sustraer más de 900,000 proyectiles pertenecientes a la Policía Nacional de la República Dominicana.

La decisión fue adoptada por el Segundo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, que confirmó la medida de coerción impuesta al oficial, quien dirigía el Depósito de Armas, Municiones y Pertrechos cuando la estructura delictiva fue desarticulada durante la Operación Pandora, en noviembre de 2024.

Según el expediente del Ministerio Público de la República Dominicana, el grupo estaba compuesto por varios agentes policiales que habrían organizado un esquema sistemático para sustraer municiones y comercializarlas de forma ilegal.

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Escándalo dentro institución

Las investigaciones indican que el entramado criminal provocó un desfalco superior a 92 millones de pesos, mediante la sustracción de 836,970 municiones y 645 pertrechos militares que se encontraban bajo custodia de la Intendencia de Armas.

Entre los implicados figura también el coronel Narciso Antonio Feliz Romero, quien estaba al frente de esa dependencia al momento de producirse los hechos y permanece igualmente bajo prisión preventiva.

El expediente judicial incluye además a otros acusados como Víctor Manuel Santos Rodríguez, Ángel Rubiel Martínez Bacilio, Juan Luis Díaz Medina, Juan Miguel Soler Pérez, Morelbin Medina Pérez, Marino Antonio Rodríguez Toribio y Miguelina Bello Segura, quienes enfrentan distintas medidas de coerción.

La fiscal Rosa Ysabel, representante del órgano acusador, explicó que el tribunal decidió mantener la prisión preventiva contra Valdez porque no han variado los elementos que justificaron su arresto inicial.

Las autoridades sostienen que dentro del lote sustraído se encontraban municiones de alto calibre y material de guerra, las cuales presuntamente fueron vendidas tanto a militares como a civiles, ampliando el riesgo de seguridad pública.

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Proceso judicial avanza

El caso forma parte de la investigación desarrollada por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), que acusa a 11 personas de integrar una red dedicada al tráfico ilícito de armas, municiones y explosivos.

Las autoridades consideran que los imputados ejecutaron maniobras coordinadas para desviar bienes del Estado, alterar registros oficiales y posteriormente comercializar el material en el mercado ilegal para obtener beneficios económicos.

Los acusados enfrentan cargos por coalición de funcionarios, prevaricación, desfalco, asociación de malhechores, tráfico ilícito de armas y lavado de activos, entre otros delitos contemplados en el Código Penal dominicano y la legislación sobre control de armas.

La audiencia preliminar para la presentación formal de la acusación y las pruebas está programada para el 14 de abril de 2026.

Mientras avanza el proceso, Valdez y otros imputados permanecen recluidos en el Centro de Privación de Libertad de La Victoria, en un caso que ha reavivado el debate sobre corrupción interna y control de armamento dentro de las instituciones de seguridad del país.