Crisis en Haití: miles de muertes por impunidad

La ONU denuncia expansión de pandillas y violencia sexual sistemática contra las mujeres

El panorama en Haití ha dejado de ser una crisis focalizada para convertirse en una catástrofe humanitaria de dimensiones alarmantes. Según el último informe de la Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, la violencia desatada entre marzo de 2025 y enero de 2026 ha segado la vida de 5.519 personas, revelando un estado de descomposición social donde el control territorial de las pandillas se expande más allá de la capital, Puerto Príncipe.

Estos grupos criminales no solo han fortificado corredores estratégicos y rutas marítimas para financiar su operatividad, sino que han convertido el cuerpo de las mujeres en un campo de batalla. El informe cifra en 1.571 las víctimas de violencia sexual, denunciando que las violaciones grupales y la explotación son utilizadas deliberadamente para sembrar el terror y subyugar a la población civil.

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Abusos y fuerza desproporcionada

Sin embargo, la tragedia haitiana no proviene únicamente de la delincuencia organizada. El documento de la ONU arroja una luz sombría sobre el papel de las fuerzas de seguridad, a quienes se les atribuyen 3.497 muertes en el marco de sus operativos. Se han documentado al menos 247 casos de uso innecesario de la fuerza y ejecuciones sumarias, lo que plantea serios interrogantes sobre la legalidad de las intervenciones estatales.

A este complejo escenario se suma la irrupción de una empresa militar privada involucrada en ataques con drones y helicópteros, acciones que la Oficina califica como posibles asesinatos selectivos. La falta de investigaciones judiciales sobre estas muertes refuerza un ciclo de impunidad que deja a las víctimas sin acceso real a la justicia.

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Justicia y desafíos pendientes

A pesar del despliegue de la Fuerza de Represión de Pandillas (FRP) bajo el mandato del Consejo de Seguridad de la ONU, el Alto Comisionado Volker Türk advierte que la bota militar no será suficiente. Aunque se reconoce la creación de unidades judiciales especializadas para crímenes masivos, el progreso en la persecución de quienes financian y organizan estas bandas sigue siendo nulo.

La "justicia popular" —ejercida por grupos de autodefensa armados con machetes y piedras— ha cobrado casi 600 vidas, a menudo con la anuencia de agentes policiales. Para la ONU, la solución estructural requiere no solo detener a los criminales, sino atacar las profundas disparidades socioeconómicas que alimentan el caos. Sin rendición de cuentas ni cohesión social, Haití parece condenado a repetir su historia de sangre. Con datos de Europa Press.