Absuelven a periodista en caso ambiental en provincia Duarte

Tribunal falla por falta de pruebas contra Olivo De León

La justicia de la provincia Duarte cerró uno de los procesos más comentados en el ámbito local. La jueza Arelis Camacho, presidenta de la Cámara Penal del Distrito Judicial, declaró no culpable al periodista Olivo De León, acusado por la Procuraduría de Medio Ambiente de presuntas violaciones a varias normativas ambientales.

El fallo fue claro. Según explicó la magistrada durante la audiencia, las pruebas presentadas por el Ministerio Público no cumplieron con los estándares mínimos. Carecían, dijo, de sustento técnico, científico y jurídico suficiente para sostener una condena. Con esa base, el tribunal dictó sentencia absolutoria y ordenó el levantamiento de las medidas de coerción que pesaban sobre el imputado.

La decisión llegó tras evaluar los argumentos de la defensa, que insistió en que De León no era responsable de la construcción cuestionada. El periodista demostró que el terreno había sido alquilado a terceros, presentando el contrato correspondiente. Aun en su condición de propietario, sostuvo que no ejecutó obra alguna.

Uno de los puntos clave fue el testimonio de un experto en agrimensura, quien certificó que la edificación se encuentra a más de 39 metros del río Güiza, descartando así un posible impacto directo sobre el afluente. También se evidenció que los permisos municipales habían sido gestionados y pagados.

Del lado acusador, el panorama fue distinto. Los representantes de Medio Ambiente no lograron presentar estudios técnicos concluyentes ni pruebas contundentes. Sus testigos ofrecieron declaraciones imprecisas, lo que debilitó aún más el expediente.

El caso, que se extendía desde 2022, estuvo rodeado de denuncias de presunta persecución por parte del periodista. De León aseguró en varias ocasiones que el proceso respondía a conflictos derivados de señalamientos de corrupción dentro de la institución.

Con esta sentencia, el tribunal pone fin a un proceso que, más allá de lo legal, dejó abiertas interrogantes sobre la actuación de las autoridades ambientales en la provincia.