Seguridad privada informal golpea ingresos del Estado, según Adesinc

La entidad advierte pérdidas por RD$1,600 millones al año

Santo Domingo.. – En la práctica, el negocio de la seguridad privada en República Dominicana está dividido en dos realidades: un sector formal que paga impuestos, genera empleos y cumple reglas, y otro que opera al margen, sin controles ni obligaciones. La diferencia no es menor. Según la Asociación Dominicana de Empresas de Seguridad (Adesinc), esa brecha le cuesta al Estado más de RD$1,600 millones al año.

El dato no es nuevo, pero sí vuelve a poner presión sobre una actividad que crece en silencio, acompañando la expansión de zonas industriales, comercios y urbanizaciones. La advertencia la hizo el presidente de Adesinc, el mayor general retirado Freddy González Estrada, durante la asamblea general ordinaria del gremio, celebrada en la Torre Empresarial AIRD, en Santo Domingo.

González Estrada habló sin rodeos. Dijo que la informalidad se ha convertido en una “fuga de recursos” que afecta directamente las finanzas públicas, pero también distorsiona el mercado. Mientras unas empresas cumplen con el pago de impuestos, seguridad social y regulaciones laborales, otras operan sin asumir esos costos, ofreciendo servicios más baratos y desplazando a quienes sí están dentro de la ley.

Ese desequilibrio, advirtió, termina golpeando la calidad del servicio. “Cuando no hay controles, tampoco hay garantías”, resumió uno de los participantes del encuentro, en referencia a los riesgos de contratar personal sin formación o sin supervisión adecuada.

El sector, sin embargo, tiene un peso específico en la economía. De acuerdo con cifras presentadas por Adesinc, la seguridad privada genera cerca de 62 mil empleos directos en el país y sostiene de manera indirecta a más de 266 mil personas. Es, en muchos casos, la primera fuente de ingreso para miles de familias.

A eso se suma su rol estratégico. La vigilancia privada no solo protege empresas y comercios, sino también infraestructuras críticas, desde zonas francas hasta instalaciones logísticas. En ese contexto, la informalidad no solo es un problema fiscal, sino también de seguridad.

Pese a ese escenario, el gremio entiende que el problema no se resolverá únicamente con fiscalización. González Estrada insistió en la necesidad de un marco regulatorio más claro y estable. A su juicio, los cambios constantes en los criterios de supervisión generan incertidumbre y dificultan la planificación de las empresas formales.

“No se trata solo de controlar, sino de ordenar el sector”, planteó, dejando entrever que la dispersión normativa también abre espacios para la evasión.

En esa misma línea, Adesinc expresó su disposición de trabajar junto a la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, entidad encargada de regular el sector. La idea, según explicó el dirigente, es fortalecer la institucionalidad, elevar los estándares de servicio y reducir los niveles de informalidad que hoy predominan en parte del mercado.

En la actividad estuvo presente el director ejecutivo de la Superintendencia, el mayor general Francisco Antonio Ovalle Pichardo, con quien se abordaron los principales retos del sector. Aunque no se anunciaron medidas concretas, el encuentro sirvió para dejar sobre la mesa la necesidad de una coordinación más efectiva entre el Estado y las empresas.

El debate no es menor. En un contexto donde la percepción de inseguridad sigue siendo un tema sensible, la demanda de servicios de vigilancia continúa en aumento. Eso ha impulsado la proliferación de empresas, muchas de ellas sin registro ni supervisión.

Para el sector formal, la competencia desleal no solo reduce márgenes de ganancia, sino que también desincentiva la inversión y limita la profesionalización de la actividad. En otras palabras, se crea un círculo vicioso: menos control genera más informalidad, y más informalidad debilita el sistema en su conjunto.

Adesinc, fundada en 1982 y formalizada mediante decreto en 1992, agrupa actualmente a más de 80 empresas que operan en áreas como vigilancia, transporte de valores, consultoría en seguridad y tecnología aplicada. En conjunto, estas compañías aportan cerca de 90 millones de horas de servicio al año.

Desde ese núcleo formal, el mensaje es claro: sin reglas estables y sin cumplimiento efectivo, el crecimiento del sector seguirá siendo desigual.

Al final, el problema trasciende a las empresas. Se trata de ingresos que el Estado deja de percibir, empleos que podrían estar mejor protegidos y un servicio que, en muchos casos, opera sin las garantías mínimas.

La pregunta que queda en el aire es si habrá voluntad suficiente para ordenar un sector que, aunque muchas veces pasa desapercibido, sostiene buena parte de la actividad económica cotidiana del país.