Gremios denuncian abuso en caso contra Gutiérrez

Periodistas rechazan coerción y anuncian apelación judicial

SANTO DOMINGO.– La sala principal del Colegio Dominicano de Periodistas (CDP) sirvió de escenario este jueves para una denuncia frontal: varios gremios del sector calificaron como arbitrarias y abusivas las medidas cautelares impuestas contra los comunicadores Ramón Miguel Gutiérrez Jerez, conocido como Nelson Gutiérrez, y Joan René Santana, “El Francotirador”.

La decisión, dictada por la jueza Patricia Padilla, del Segundo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, ha encendido las alarmas en el ámbito periodístico. Los representantes de distintas organizaciones coinciden en que el fallo responde más a presiones externas que a criterios jurídicos. Señalan directamente al exdirector de la Policía Nacional, Ramón Antonio Guzmán Peralta, quien acusó a los comunicadores de difamación, injuria y calumnia.

Durante la rueda de prensa, los dirigentes no se anduvieron con rodeos. Hablaron de extralimitación, de abuso de poder y de una decisión que, a su juicio, vulnera principios básicos de la libertad de expresión. “No vamos a tolerar más atropellos”, fue la línea común entre los voceros.

Entre los presentes estuvieron Luís Pérez, del CDP; Gabriel Cruz, del Instituto de Previsión y Protección del Periodista (IPPP); René Polanco, del Círculo de Reporteros Gráficos de Televisión; Olivo De León, del Movimiento Marcelino Vega, así como representantes del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP), el Colegio Dominicano de Locutores (CDL) y la Red de Jóvenes de los Medios de Comunicación.

El punto más cuestionado gira en torno a las medidas impuestas. A Gutiérrez se le ordenó el pago de una garantía económica de 500 mil pesos, presentación periódica ante el tribunal e impedimento de salida del país. En el caso de Santana, deberá presentarse regularmente ante las autoridades. Para los gremios, la decisión resulta desproporcionada, sobre todo porque —afirman— se ejecutó sin que aún se haya leído la sentencia, prevista para el 22 de marzo.

El trasfondo del caso añade más tensión. Según explicó el propio Gutiérrez, sus denuncias se sustentan en una auditoría interna de la Policía Nacional que habría detectado un presunto desfalco de 441 millones de pesos durante la gestión de Guzmán Peralta en la DIGESETT. El informe, asegura, documenta irregularidades en compras, pagos y contrataciones sin respaldo legal.

El comunicador afirmó que esos hallazgos fueron remitidos al presidente Luis Abinader, así como al procurador adjunto Wilson Camacho y a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA).

Los gremios adelantaron que, una vez la decisión sea notificada formalmente, procederán a apelarla. No descartan escalar el caso a instancias superiores si entienden que se mantiene lo que consideran una violación a derechos fundamentales.