PLD acusa al Gobierno de abandono de obras y baja inversión pública

Dirigentes denuncian crisis en construcción y cuestionan nuevas leyes

Santo Domingo.- El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) volvió a poner sobre la mesa el tema de la inversión pública y el estado de las obras en el país. Esta vez, lo hizo con un enfoque claro: el impacto directo en el sector de la construcción y las decisiones políticas que, según dicen, están marcando el rumbo actual.

Francisco Mosquea, secretario de Asuntos Gremiales y Profesionales de la organización, habló sin rodeos. Asegura que quienes viven de la construcción están atravesando una etapa complicada, con menos oportunidades, más desempleo y costos de materiales que siguen subiendo sin freno. La combinación, advierte, está golpeando tanto a técnicos como a obreros.

Sus declaraciones se produjeron en San Pedro de Macorís, durante la juramentación de la directiva de Dignidad Gremial Codiana, una corriente vinculada al PLD. Allí, Mosquea apuntó directamente al gobierno, al que acusa de concentrar sus esfuerzos en proyectos bajo esquemas de fideicomisos, dejando de lado otras áreas clave.

Pero no se quedó ahí. También mencionó obras que, según dijo, llevan años detenidas. Citó como ejemplo la escuela Guillermina Tonos, en Vicente Noble, provincia de Barahona, que —afirmó— tiene cerca de seis años paralizada. Para el dirigente, estos proyectos abandonados no solo representan retrasos en infraestructura, sino también menos empleo y dinamismo económico en las comunidades.

En el mismo acto participaron figuras como Francisco Marte Rodríguez, expresidente del CODIA, quien tomó juramento al equipo provincial coordinado por Gregory Pérez. También estuvo presente Blas Henríquez, presidente del PLD en esa demarcación.

En otro frente, el partido también cuestionó una iniciativa legislativa reciente. Carlos Manzano, secretario de Administración Pública del PLD, criticó la propuesta de nuevas regulaciones sobre el financiamiento de los partidos políticos.

A su juicio, la medida no responde a una necesidad real. Sostiene que en República Dominicana ya existe un marco legal que regula ese aspecto con suficiente claridad, incluyendo controles, límites de gasto y mecanismos de fiscalización.

Para Manzano, el problema no es la falta de leyes, sino cómo se aplican. Señala que hay fallas en los procesos internos de selección y supervisión dentro del partido de gobierno, lo que —según plantea— ha permitido situaciones cuestionables.

El dirigente fue más allá y aseguró que la propuesta surge en medio de escándalos e investigaciones que han afectado a sectores del oficialismo. En ese contexto, interpreta la iniciativa como un intento de desviar la atención pública.

“Cuando fallan los controles internos, no es la ley lo que está mal”, sostuvo. Y remató con una frase que resume su postura: el problema, dice, no está en las normas, sino en quienes las ejecutan.