Condenan red criminal clonó miles de tarjetas de subsidios

Tribunal impone siete años de prisión y millonaria indemnización al Estado

Una operación fraudulenta que afectó a miles de beneficiarios de programas sociales terminó con una condena judicial ejemplar en Santo Domingo Este. Dos hombres fueron sentenciados a siete años de prisión tras demostrarse que participaron en la clonación de más de 5,000 tarjetas del sistema de subsidios sociales del Estado dominicano, un delito que permitió el desvío de recursos destinados a familias vulnerables.

El tribunal acogió la acusación presentada por el Ministerio Público, que logró probar que los imputados Jerry Antonio Moreno Ortiz, conocido como “el Colombianito”, y Pedro Julio Pérez Hernández, alias “Julito”, formaban parte de una estructura dedicada a la estafa electrónica mediante la clonación de tarjetas de la Administradora de Subsidios Sociales (Adess).

Además de la pena de prisión, ambos condenados deberán pagar una indemnización de 10 millones de pesos al Estado dominicano, como compensación por los daños ocasionados al sistema de asistencia social.

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Investigación destapó red de fraude tecnológico

Las autoridades determinaron que los acusados lograron clonar 5,136 tarjetas de subsidios, utilizando dispositivos electrónicos para replicar los datos almacenados en estos medios de pago y así acceder ilegalmente a fondos públicos destinados a ciudadanos de bajos ingresos.

El caso salió a la luz de manera inesperada. El 27 de marzo de 2024, el Ministerio Público ejecutó un allanamiento en la residencia de Moreno Ortiz, ubicada en un residencial de Santo Domingo Norte, como parte de una investigación vinculada al asesinato de Ana Gómez, conocida como “la Colombiana”, ocurrido en la ciudad de Santiago.

Durante la intervención, los investigadores descubrieron un centro clandestino de clonación de tarjetas, lo que derivó en el arresto en flagrante delito de ambos implicados.

En el lugar fueron ocupadas numerosas tarjetas de la Adess, así como equipos utilizados para ejecutar el fraude electrónico.

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Evidencias tecnológicas reforzaron acusación judicial presentada

Durante la inspección, los agentes incautaron dos verifones, una impresora especializada para tarjetas, una laptop, seis teléfonos móviles y varias cédulas de identidad, además de un vehículo y una motocicleta vinculados a las operaciones de la red.

La investigación también contó con la colaboración de la Procuraduría Especializada Contra Crímenes y Delitos de Alta Tecnología (Pedatec), la Dirección Central de Investigaciones Criminales (Dicrim), el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) y la Fiscalía de Santiago.

La sentencia fue dictada por el Segundo Tribunal Colegiado de Santo Domingo Este, que ordenó el cumplimiento de la pena en el Centro de Corrección y Rehabilitación de San Pedro de Macorís, marcando un precedente en la lucha contra el fraude tecnológico y el desvío de fondos públicos.