CODENOT y DGCP acuerdan blindar las licitaciones del Estado

Buscan mejorar controles, reducir errores y dar mayor trazabilidad a documentos de compras oficiales.

El sistema de compras estatales en la República Dominicana ha iniciado un movimiento estratégico. El Colegio Dominicano de Notarios (CODENOT) y la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) han sellado una alianza que permitirá verificar, por primera vez y en tiempo real, el estatus de los profesionales del derecho que intervienen en las licitaciones públicas. 

El acuerdo busca erradicar las irregularidades que durante años afectaron los procesos oficiales, asegurando que solo auxiliares de la justicia debidamente habilitados validen las operaciones del Estado.

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Verificación digital y transparencia en licitaciones

La implementación de una consulta digital directa a la base de datos del CODENOT marca un hito en la administración del presupuesto nacional. Según Carlos Pimentel, director de la DGCP, este control es vital considerando que el sistema gestiona aproximadamente el 32 % del presupuesto nacional, con más de 120,000 proveedores y 670 unidades de compra activas. 

A partir de ahora, las instituciones podrán confirmar de forma instantánea si un notario está activo, suspendido o inhabilitado, cerrando el paso a cualquier intento de validación fraudulenta en los expedientes administrativos.

El convenio, firmado por Jhon Richard Paniagua Feliz y Carlos Pimentel, no solo se limita a la vigilancia, sino que introduce la estandarización de los actos notariales. 

El objetivo principal es eliminar la discrecionalidad en documentos críticos, como las actas de apertura de ofertas, garantizando que cada expediente cuente con una trazabilidad impecable y una estructura legal uniforme que proteja los recursos del pueblo dominicano.

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Firma digital y modernización del sistema

Uno de los puntos más vanguardistas del acuerdo es la hoja de ruta hacia la digitalización total. Se contempla que para julio de 2026 entre en operación la firma digital notarial, cumpliendo con la Ley 126-02 sobre Comercio Electrónico. 

Esta innovación permitirá que los actos vinculados a las contrataciones del Estado migren hacia un entorno virtual seguro, reduciendo la burocracia física y elevando los estándares de confianza en el ecosistema digital de las compras públicas.

Para asegurar el éxito de esta transición, se creará una Mesa Técnico-Legal encargada de diseñar protocolos e instructivos bajo el marco de la nueva Ley 47-25 de Contrataciones Públicas. 

Con una vigencia inicial de dos años, este pacto no solo fortalece el rol del notariado frente al Estado, sino que consolida un modelo de gestión pública más ético, moderno y confiable, alineado con las demandas de transparencia de la sociedad actual.