18 estados de EEUU inician batalla para proteger a 350,000 haitianos

Líderes estatales exigen a la Corte Suprema mantener el Estatus de Protección Temporal

La estabilidad de cientos de miles de familias inmigrantes se juega hoy en los estrados de la Corte Suprema de Justicia. La fiscal general de Nueva York, Letitia James, ha asumido el liderazgo de una poderosa coalición de 18 estados para frenar el intento de la administración Trump de revocar el TPS (Estatus de Protección Temporal) que ampara a más de 350,000 ciudadanos haitianos. 

El recurso presentado busca evitar que una suspensión judicial permita al gobierno federal desmantelar estas protecciones críticas que han estado vigentes por más de una década.

La fiscal James sostiene que la eliminación del estatus legal no es solo un golpe humanitario, sino un atentado contra la estructura social y económica de la nación. 

Alrededor del 25 % de los beneficiarios del TPS en todo Estados Unidos provienen de Haití, país que continúa sumido en una crisis humanitaria y de seguridad que impide un retorno seguro para sus ciudadanos.

Riesgos para la economía y familias

El impacto de una posible revocación sería devastador para la economía local. Solo en Nueva York, más de 56,000 haitianos bajo este régimen contribuyen con más de 800 millones de dólares anuales a la economía estatal y aportan unos 140 millones en impuestos. 

La coalición de fiscales argumenta que cancelar sus permisos de trabajo generaría un caos innecesario en sectores vitales como la salud, la educación y la construcción, donde estos inmigrantes desempeñan funciones esenciales como trabajadores clave.

Más allá de los números, la preocupación se centra en la fractura familiar. Se estima que más de 200,000 ciudadanos estadounidenses, incluidos 87,000 niños, viven bajo el mismo techo que un beneficiario haitiano con TPS. 

La medida obligaría a los padres a elegir entre la separación forzosa o llevar a sus hijos a una nación marcada por la violencia extraordinaria.

Salud pública bajo amenaza inminente

La pérdida de la protección legal traería consigo consecuencias directas para la salud pública. Sin estatus, miles de familias perderían el acceso a seguros médicos privados y evitarían interactuar con hospitales por temor a la deportación. 

Esto crearía barreras sanitarias peligrosas y desincentivaría la denuncia de delitos, debilitando la seguridad en las comunidades.

Con este escrito de amicus curiae, la fiscal James y sus homólogos de estados como California, Massachusetts y Washington, hacen un llamado urgente al máximo tribunal para preservar el refugio de quienes huyeron de la inestabilidad política y desastres naturales, honrando la promesa de justicia de la nación.