Organizaciones exigen ante la CIDH cierre de plantas de carbón

Organizaciones piden al Gobierno dominicano cumplir hoja de ruta para descarbonizar el país

Este martes, en una audiencia cargada de reclamos en Ciudad de Guatemala, el activismo ambiental dominicano llevó su lucha al plano internacional. El Comité Nacional de Lucha Contra el Cambio Climático (CNLCC) y el INSAPROMA solicitaron formalmente ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que se obligue al Estado dominicano a honrar sus compromisos y ponga fecha definitiva al cierre de las centrales termoeléctricas a carbón.

El reclamo no nace de la nada. Existe un acuerdo firmado en noviembre de 2024 con organismos de peso como el Banco Mundial y el BID, donde el país recibió 150 millones de dólares para trazar este camino. Sin embargo, los activistas denuncian que, a pesar de los fondos y las promesas, el Gobierno parece estar dilatando el proceso o desviando la estrategia hacia otros combustibles fósiles.

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La hoja de ruta planteada originalmente es clara: la planta de Barahona debería apagarse en 2027, las unidades de Itabo en 2028 y el complejo de Punta Catalina durante la década de 2030. No obstante, Euren Cueva y Jorge Lizardo, representantes de INSAPROMA en la audiencia, advirtieron que sin un marco normativo con fuerza jurídica, estas fechas son solo buenas intenciones.

"Exigimos metas verificables antes de 2039″, señalaron. La preocupación radica en que, aunque República Dominicana se unió a la Powering Past Coal Alliance —una coalición liderada por Reino Unido y Canadá para erradicar el carbón—, la implementación interna es nula. 

Peor aún, denuncian que los 1,750 millones de dólares destinados originalmente a energías limpias se están moviendo hacia proyectos de gas natural en Manzanillo por presiones políticas.

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Reparación para las comunidades "sacrificadas"

El planteamiento ante la CIDH no solo busca apagar las calderas, sino limpiar el desastre que queda detrás. Las organizaciones exigen que el cierre incluya:

• Indemnización directa a las familias afectadas por la contaminación.
• Remediación de suelos y manejo estricto de las cenizas tóxicas.
• Monitoreo independiente de la calidad del aire, bajo estándares de la OMS.

La delegación dominicana no está sola. En el cónclave internacional se escucharon testimonios similares de comunidades en Chile, Colombia y Ecuador, todas unidas por un denominador común: el impacto devastador de la extracción y quema de combustibles fósiles en sus territorios. 

Para las organizaciones, la meta es evitar que el desarrollo eléctrico siga costando vidas en las comunidades vecinas a las plantas.