Acuerdo global busca ampliar justicia para mujeres

Gobiernos adoptan medidas para eliminar leyes discriminatorias

Nueva York. En medio de uno de los encuentros más importantes de las Naciones Unidas dedicados a la igualdad de género, gobiernos de todo el mundo alcanzaron un acuerdo que busca fortalecer el acceso a la justicia para mujeres y niñas. La decisión se adoptó por consenso durante el 70.º período de sesiones de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer (CSW70), que esta semana reúne a delegaciones oficiales, organizaciones civiles y agencias internacionales en la sede de la ONU.

El pacto se concretó mediante la aprobación de un conjunto de “Conclusiones Convenidas”, un documento que marca prioridades y compromisos para los Estados miembros en temas de igualdad de género y derechos de las mujeres. Aunque no tiene carácter obligatorio, funciona como una guía política para reformas legales y políticas públicas.

El mensaje central del acuerdo es claro: sin acceso real a la justicia, la igualdad entre hombres y mujeres seguirá siendo una promesa pendiente. Los gobiernos reconocieron que garantizar tribunales accesibles, leyes justas y protección efectiva frente a la violencia puede cambiar la vida de millones de mujeres.

La directora ejecutiva de ONU Mujeres, Sima Bahous, valoró el consenso alcanzado y destacó el esfuerzo de las delegaciones que participaron en la negociación. A su juicio, el acuerdo representa un paso importante para reducir la impunidad y fortalecer sistemas judiciales que respondan de forma equitativa a toda la población.

“Estas conclusiones reflejan un compromiso para avanzar hacia sistemas de justicia que funcionen para todas las personas”, señaló Bahous al celebrar el resultado de las conversaciones.

Uno de los aspectos más relevantes del documento es el llamado a revisar y reformar leyes que aún discriminan a las mujeres. Entre ellas se mencionan normas relacionadas con el matrimonio infantil, el derecho de familia o el acceso a la propiedad, áreas donde persisten desigualdades legales en muchos países.

El acuerdo también insiste en la necesidad de reforzar las acciones para prevenir y sancionar la violencia contra mujeres y niñas, tanto en el mundo físico como en el digital. Los Estados se comprometieron a garantizar que las víctimas tengan acceso rápido a justicia, asistencia legal y servicios de apoyo.

La presidenta de la comisión, la embajadora costarricense Maritza Chan, recordó durante la sesión que detrás de cada debate diplomático hay realidades humanas concretas. “Detrás de cada estadística hay una vida”, afirmó al subrayar la responsabilidad de los gobiernos de convertir las promesas en acciones.

El documento reconoce además el papel de los trabajadores de justicia comunitaria y asistentes legales, figuras que en muchos lugares sirven de puente entre las comunidades y el sistema judicial. Su inclusión formal en los marcos legales nacionales busca facilitar que más mujeres puedan recibir orientación y acompañamiento en procesos legales.

Otro punto novedoso del acuerdo se refiere al uso de tecnología. Los Estados acordaron promover herramientas digitales que amplíen el acceso a la justicia, al tiempo que se plantean nuevas discusiones sobre la gobernanza de la inteligencia artificial y su impacto en los derechos.

La adopción del texto llega en un momento en que las Naciones Unidas advierten que ningún país ha alcanzado aún la plena igualdad jurídica entre hombres y mujeres. Así lo señala un informe reciente del secretario general de la organización presentado en el marco de esta reunión.

Las sesiones de la CSW70 se desarrollan del 9 al 19 de marzo en Nueva York y reúnen a representantes de gobiernos, organizaciones sociales y organismos internacionales. Durante estos días se discutirán políticas, financiación y mecanismos de rendición de cuentas para avanzar en la igualdad de género a nivel global.

El desafío ahora será llevar los compromisos del papel a la práctica. Para muchas mujeres y niñas, el acceso a la justicia sigue siendo una puerta difícil de abrir. El acuerdo aprobado en la ONU intenta, al menos, empezar a empujarla.