Mortalidad materna: alerta por cifras en República Dominicana
Subtítulo: Estudio de INTEC advierte que el país supera promedios regionales
La mortalidad materna sigue siendo una deuda pendiente en República Dominicana. Aunque en el discurso oficial se presenta como una “prioridad nacional”, las cifras cuentan otra historia: el país mantiene niveles de muertes de mujeres asociadas al embarazo y al parto por encima del promedio de América Latina y el Caribe.
La advertencia proviene del Centro de Estudios de Género del Instituto Tecnológico de Santo Domingo (CEG-INTEC), que presentó el informe “Maternidad Segura y Respetuosa de los Derechos Humanos: Deudas, Moras y Violencia institucional hacia las Mujeres” con motivo del Día Internacional de la Mujer, que se conmemora este 8 de marzo.
El documento examina la situación actual de la salud materna y concluye que las políticas públicas aplicadas hasta ahora no han logrado reducir de manera sostenida las muertes de mujeres durante el embarazo, el parto o el puerperio. Por el contrario, los indicadores continúan siendo preocupantes.
Durante la presentación del estudio, la decana del Área de Ciencias Sociales y Humanidades de INTEC, Dalul Ordehi, junto a Desiree del Rosario Sosa, coordinadora del CEG-INTEC, plantearon que en la sociedad dominicana persisten profundas desigualdades de género que aumentan la vulnerabilidad de las mujeres.
Ser mujer en el país, sostienen, implica enfrentar distintos niveles de riesgo vinculados a la violencia y a las brechas sociales. Pero cuando se trata de mujeres embarazadas, esas vulnerabilidades se multiplican. La situación se agrava aún más si se trata de mujeres que viven en pobreza, residen en zonas rurales, son migrantes, afrodescendientes o tienen alguna discapacidad.
En esos contextos, explicaron las investigadoras, el acceso a servicios de salud adecuados se vuelve más difícil y la posibilidad de sufrir complicaciones aumenta.
Las estadísticas reflejan esa realidad. Según datos preliminares del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica (SINAVE), durante el año 2024 se registró una razón de 124.8 muertes maternas por cada 100,000 nacidos vivos.
El panorama no mejoró en el periodo siguiente. El Boletín Epidemiológico correspondiente a la semana 52 de 2025 reportó un total acumulado de 177 muertes maternas, la misma cifra registrada en 2024. En términos simples, significa que en República Dominicana fallece una mujer embarazada aproximadamente cada dos días por complicaciones relacionadas con la gestación o el parto.
El estudio insiste en que la mayoría de esas muertes podrían evitarse. De hecho, las investigadoras estiman que nueve de cada diez casos son prevenibles si se aplican medidas básicas ya conocidas por los sistemas de salud: atención obstétrica de calidad, controles prenatales oportunos, acceso universal a métodos anticonceptivos y reducción de las desigualdades en el acceso a servicios médicos.
Las principales causas de muerte también están identificadas. Cerca del 75 % de los casos se relaciona con complicaciones como hipertensión durante el embarazo —especialmente preeclampsia y eclampsia—, hemorragias graves, infecciones y abortos realizados en condiciones inseguras.
Sobre este último punto, las académicas subrayaron que el aborto sigue siendo una de las causas relevantes de mortalidad materna en el país. En su opinión, la penalización absoluta del aborto obliga a muchas mujeres a continuar embarazos que ponen en riesgo su salud o su vida, o las empuja a procedimientos clandestinos sin condiciones médicas seguras.
El informe también cuestiona la falta de una política pública actualizada para enfrentar el problema. Según el documento, el Ministerio de Salud Pública no cuenta en la actualidad con un plan reciente que marque la ruta para reducir de forma efectiva la mortalidad materna.
El último documento oficial disponible data de 2019. En ese plan se planteaba reducir la razón de mortalidad materna a 85 muertes por cada 100,000 nacidos vivos para 2026 y a 70 para 2030, en línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Sin embargo, las autoras del estudio consideran que esas metas difícilmente se cumplirán si no se producen cambios en la política sanitaria.
A esto se suma otro problema señalado en el informe: las condiciones en que muchas mujeres reciben atención médica. El estudio recoge denuncias sobre prácticas de violencia obstétrica, procedimientos sin consentimiento informado y el uso frecuente de intervenciones no recomendadas durante el parto, entre ellas cesáreas innecesarias.
Las investigadoras también apuntan a la deficiente aplicación de protocolos médicos y a un sistema de salud que, según sostienen, no siempre coloca a las mujeres en el centro de la atención.
Para el CEG-INTEC, la reducción de la mortalidad materna pasa por enfrentar las desigualdades sociales que la alimentan. Factores como la pobreza, el nivel educativo, el lugar de residencia, la edad o la condición migratoria siguen influyendo en las probabilidades de sobrevivir al embarazo.
La conclusión del informe es clara: mientras esas brechas persistan y no se refuercen las políticas públicas, la maternidad seguirá representando un riesgo innecesario para muchas mujeres en el país. El reto, señalan, es actuar con urgencia para que ninguna mujer muera por causas que la medicina moderna sabe prevenir.
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