Disputa portuaria empresa de Hong Kong con Panamá escala a arbitraje internacional

Empresa extranjera reclama millonaria indemnización tras intervención estatal en puertos estratégicos panameños

La disputa legal entre el Estado de Panamá y la empresa Panama Ports Company (PPC) ha entrado en una nueva fase tras el anuncio de un arbitraje internacional multimillonario, luego de que el gobierno tomara control de dos de los puertos más estratégicos del país.

La empresa, filial del conglomerado con sede en Hong Kong CK Hutchison Holdings, decidió intensificar su ofensiva legal después de que las autoridades panameñas asumieran el control de los puertos de Balboa y Cristóbal, situados en ambos extremos del Panamá Canal.

La medida se produjo tras un fallo de la Supreme Court of Justice of Panama que declaró inconstitucional el contrato de concesión mediante el cual la compañía operaba ambas terminales.

Para PPC, la decisión del gobierno constituye una “toma ilegal” de activos estratégicos. En respuesta, la empresa presentó una demanda ante la International Chamber of Commerce, reclamando al menos dos mil millones de dólares en compensación por daños.

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Empresa acusa expropiación y falta diálogo

La compañía también ha iniciado otras acciones legales contra el decreto gubernamental que ordenó la incautación de bienes, equipos e información corporativa, además de exigir a la Panama Maritime Authority la devolución de documentos privados confiscados durante la intervención estatal.

En paralelo, CK Hutchison amplió formalmente su notificación de disputa bajo un tratado bilateral de inversión, mecanismo que protege a inversionistas extranjeros frente a decisiones estatales que puedan afectar sus operaciones.

Según la empresa, el gobierno panameño ignoró consultas previas y actuó sin procesos de diálogo ni transparencia, lo que —a su juicio— justifica el inicio del arbitraje internacional.

Sin embargo, expertos locales sostienen que la Constitución panameña otorga al Estado una base jurídica sólida para su decisión.

El especialista portuario Carlos González de La Lastra recordó que el artículo 258 de la Constitución establece que los puertos son bienes de uso público y no pueden ser objeto de apropiación privada.

“Las empresas privadas pueden operarlos mediante concesión, pero no son propietarias de los puertos”, explicó, señalando que ese principio podría respaldar la postura del Estado ante el litigio internacional.

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Puertos mantienen operaciones pese al conflicto

Mientras avanza el proceso legal, las operaciones portuarias continúan en funcionamiento bajo nuevos esquemas administrativos.

Los puertos de Balboa y Cristóbal, claves para el comercio marítimo regional, han retomado sus actividades tras la designación de operadores temporales.

En el caso de Balboa, la operación está siendo gestionada por APM Terminals Panamá, filial del gigante logístico danés Maersk. La empresa informó que completó la preparación del 100 % del personal operativo y realizó más de 3,900 movimientos de contenedores en cinco buques durante la reactivación inicial.

Por su parte, el puerto de Cristóbal, ubicado en la provincia caribeña de Colón, comenzó a operar bajo la administración provisional de Terminal Investment Limited (TIL).

Ambas terminales son nodos críticos del sistema logístico panameño. Solo en 2025 movilizaron más de 3.8 millones de contenedores, lo que representa cerca del 38 % de la actividad portuaria nacional.

El presidente del Consejo Empresarial Logístico, Ángel Sánchez, advirtió que, más allá del litigio, es fundamental preservar la estabilidad del sistema logístico del país, dado que estos puertos funcionan como auténticas llaves estratégicas del comercio regional.

El arbitraje internacional podría prolongarse durante años, mientras Panamá y la empresa defienden intereses económicos y jurídicos que impactan directamente el futuro del comercio en el istmo.