Joven preso alega defensa en tragedia
Caso ocurrido en Pedro Brand reabre debate judicial
Cinco meses después de un hecho ocurrido en su propio hogar, Ricardo Sosa, de 24 años, continúa en prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo. Padre de familia, emprendedor y sin antecedentes penales, enfrenta un proceso judicial que, según su defensa, reúne características claras de legítima defensa.
El incidente se remonta a la noche del 7 de noviembre de 2025, en un apartamento del sector Ciudad Satélite, en Pedro Brand. De acuerdo con el expediente del Ministerio Público, Sosa llegó a la vivienda que compartía con su pareja, Rosalía Guzmán, y la hija de ambos, y encontró en el interior a un hombre armado: Joel Roa Alcántara, coronel militar de 45 años, casado y con hijas.
Forcejeo dentro del apartamento
Según la documentación oficial, el coronel habría intentado extraer su arma de fuego reglamentaria, pero esta se encasquilló. En ese momento, Sosa —quien se encontraba desarmado— reaccionó para proteger su vida. Durante el forcejeo, el oficial cayó desde un segundo piso a través de un ventanal de cristal sin protección metálica, sufriendo heridas que posteriormente le causaron la muerte.
Sosa resultó con lesiones graves en las manos debido a los cristales rotos. No huyó del lugar. Tras el suceso, buscó a su hija, la dejó al cuidado de una vecina y acudió a un centro de salud para recibir atención médica, donde fue arrestado.
Desde entonces, permanece privado de libertad. Sus familiares insisten en que no tiene antecedentes penales ni historial de violencia. Además, subrayan que ningún pariente del coronel fallecido se ha constituido como querellante en el proceso judicial.
Elementos periciales bajo análisis
Un aspecto relevante del expediente es la evaluación psicológica forense realizada por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF). El informe señala que Rosalía Guzmán “omitió información relevante” durante su entrevista y que únicamente se identificó violencia verbal, sin evidencias de violencia física, económica o sexual atribuible a Sosa.
Asimismo, el documento establece que el joven no porta armas de fuego, no consume sustancias ilícitas ni ingiere alcohol. Estos elementos forman parte de la estrategia de defensa encabezada por el abogado Werlin Mercedes, de la firma Bello & Asociados, quien sostiene que el expediente demuestra que fue el occiso quien portaba el arma e inició la agresión.
Para la defensa, el caso representa un ejemplo de cómo una situación límite dentro del hogar puede derivar en consecuencias judiciales complejas.
Mientras el proceso continúa su curso en los tribunales, la medida de coerción mantiene a un joven padre tras las rejas, en espera de que la justicia determine si actuó bajo el amparo de la ley o si existen responsabilidades penales pendientes por establecer.
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