Exdirectores de Agricultura reclaman deuda al ministro

Desvinculados denuncian impago de plan vehicular oficial

SANTO DOMINGO.– La salida de más de 30 directores regionales y departamentales del Ministerio de Agricultura no solo los dejó sin funciones. También, aseguran, los dejó con deudas que superan los 90 mil pesos mensuales y con la amenaza de perder vehículos que recibieron bajo un acuerdo institucional que ahora, denuncian, el Estado se niega a honrar.

El conflicto gira en torno a un programa de financiamiento vehicular que involucró más de 150 camionetas utilitarias entregadas a directores de las ocho regionales agropecuarias y a encargados departamentales. Según explican los afectados, el esquema fue pactado durante la gestión anterior mediante acuerdos con el Banco de Reservas y con el dealer Blady Beato, en La Vega.

El mecanismo era claro: cada funcionario aportaba el 10 % del valor del vehículo como inicial —en algunos casos hasta un millón de pesos— y el resto sería cubierto mediante pagos mensuales asumidos por el Ministerio de Agricultura como parte de las condiciones de trabajo. Los vehículos, alegan, no eran un beneficio personal, sino herramientas para recorrer provincias, supervisar proyectos y dar seguimiento a los productores.

Pero el cambio de mando alteró el panorama. Con la llegada del nuevo ministro, Limber Cruz, los desvinculados afirman que se instruyó excluir de nómina y del compromiso de pago tanto a quienes ya fueron cancelados como a otros que aún permanecen en funciones. En otras palabras, el Estado dejaría de cubrir las cuotas pactadas.

El resultado es una presión financiera que muchos describen como insostenible. Si no asumen el pago completo, los vehículos podrían ser incautados, perderían el inicial aportado y quedarían sin posibilidad de recuperar lo ya pagado por el ministerio al banco y al concesionario.

Un documento enviado por el periodista Erick Montilla, exdirector de Comunicaciones de la institución, sostiene que los afectados forman parte de una primera ola de despidos y advierte que podrían producirse más cancelaciones en las próximas semanas. “Se está lanzando a las calles a dirigentes que trabajaron por el partido y ahora quedan desempleados y endeudados”, señala el texto.

Entre los desvinculados figuran nombres conocidos dentro del sector agropecuario oficialista, como Eulalio Ramírez, presidente del Frente Agropecuario del PRM, así como los directores regionales Rafael Soto (Sur Central), Juan Mateo (Suroeste), Gregorio Magno (Sur), Pedro Trinidad (Norte), Berny Rodríguez (Noroeste) y Frank Ventura (Nordeste).

Más allá del componente político, el grupo denuncia irregularidades administrativas. Aseguran que las desvinculaciones se ejecutaron sin resolución formal, sin carta de cancelación y sin el pago de prestaciones laborales. Por ello, anunciaron que acudirán al Ministerio de Administración Pública para solicitar una investigación sobre los procedimientos aplicados.

En paralelo, preparan acciones legales contra el ministro, con el argumento de que el Estado debe garantizar la continuidad de los compromisos asumidos por gestiones anteriores. “No es un favor personal, es un acuerdo institucional”, repiten.

El grupo hizo un llamado directo al presidente Luis Abinader y al ministro administrativo de la Presidencia, Andrés Bautista, para que intervengan y frenen lo que califican como abusos.

Mientras tanto, las camionetas siguen rodando con incertidumbre. Para quienes las conducen, ya no representan solo movilidad en el campo, sino una deuda que amenaza con acompañarlos mucho después de haber salido de sus oficinas.