Demócratas exigen investigar rastreo digital de ciudadanos estadounidenses

Adriano Espaillat y Ron Wyden denuncian compras ilegales de datos por ICE

En una ofensiva legislativa sin precedentes, casi 70 congresistas demócratas, encabezados por el representante Adriano Espaillat y el senador Ron Wyden, han solicitado una investigación urgente sobre las prácticas de vigilancia del Departamento de Seguridad Nacional (DHS). 

La alarma se activó tras revelarse que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) habría reanudado la compra de datos de ubicación de ciudadanos estadounidenses sin contar con una orden judicial, desafiando normativas previas que declararon esta actividad como ilegal.

La misiva, dirigida al Inspector General Joseph Cuffari, subraya que la información de ubicación es "extremadamente sensible". Según los legisladores, estos datos tienen el potencial de desnudar la intimidad de las personas: desde sus afecciones médicas y afiliaciones religiosas hasta sus posturas políticas. 

En condiciones normales, la Constitución exige que el gobierno obtenga una orden judicial para acceder a esta información, una barrera que las agencias estarían evadiendo mediante la compra directa a intermediarios comerciales.

Contratos sospechosos bajo la lupa legislativa

El centro de la controversia es un contrato sin licitación otorgado en 2025 a la firma de vigilancia Penlink. Este acuerdo incluye el uso de Webloc, un producto desarrollado por Cobwebs Technologies, empresa que fue vetada por Meta en 2021 tras detectarse que sus herramientas eran utilizadas para atacar a activistas y políticos en países como México. Los congresistas cuestionan por qué el dinero de los contribuyentes termina en manos de corporaciones sospechosas de violar la ley federal de privacidad.

Este programa de rastreo digital ya había sido clausurado en 2023 tras una investigación que determinó su ilegalidad. Sin embargo, la aparente reactivación del mismo, sumada a la opacidad del ICE —que canceló una reunión informativa con el Congreso en febrero de 2026 sin dar explicaciones—, ha intensificado las sospechas de un uso abusivo de la tecnología para vigilar actividades protegidas por la Constitución.

Exigencia de políticas claras sobre privacidad

La coalición liderada por Espaillat y Wyden ha solicitado que se audite el acceso de los empleados a estos datos para identificar patrones de abuso. Les preocupa especialmente si el ICE ha utilizado esta inteligencia para investigar a personas que participan en protestas o que monitorean las operaciones de cumplimiento de la propia agencia.

Finalmente, los demócratas urgen al DHS a explicar por qué no ha adoptado una política formal para el uso de datos comerciales, una recomendación que el Inspector General hizo hace tres años. La falta de un marco regulatorio robusto deja una puerta abierta para que las agencias de seguridad continúen operando en una "zona gris" legal, poniendo en riesgo las libertades civiles fundamentales en la era digital.