Contraloría General implementa un nuevo mecanismo de transparencia

Las autoridades auditadas tendrán doce días para presentar sus argumentos y evidencias

La Contraloría General de la República (CGR) ha marcado un hito en la administración pública de la República Dominicana al formalizar un mecanismo de socialización de informes preliminares. Bajo la dirección de Geraldo Espinosa, el órgano rector busca eliminar el alegato de desconocimiento por parte de los funcionarios, garantizando un proceso de auditoría más robusto y participativo.

Esta iniciativa establece que, antes de la emisión de un informe definitivo, los equipos técnicos de la Contraloría se reunirán con las máximas autoridades de las instituciones evaluadas. En estos encuentros, los titulares podrán conocer de primera mano los hallazgos y, lo más importante, contarán con un plazo de 12 días calendario para presentar sus réplicas, evidencias documentales y argumentos técnicos que consideren pertinentes para su defensa.

Instituciones ya participan en nuevas mesas

Como parte del despliegue de esta estrategia, la CGR ya ha sostenido reuniones clave con entidades de alto impacto social. El contralor Espinosa y su equipo técnico encabezaron un encuentro con el director del Consejo Nacional de la Persona Envejeciente (Conape), donde se discutieron los resultados preliminares del periodo comprendido entre agosto de 2020 y agosto de 2024.

De manera simultánea, se aplicó el mismo protocolo con el Centro de Atención Integral para la Discapacidad (CAID). En ambos casos, el objetivo fue abrir un espacio de descargo institucional que permita contrastar la información recolectada por los auditores con la realidad operativa de cada institución, asegurando que las conclusiones finales gocen de una calidad técnica superior y una mayor legitimidad.

Control preventivo fortalece la gestión pública

Este nuevo enfoque no solo busca fiscalizar, sino que apuesta por un modelo de control preventivo y garantista. Al institucionalizar la discusión previa, la Contraloría fomenta la seguridad jurídica y la transparencia, permitiendo que las entidades identifiquen debilidades administrativas de forma oportuna. Esto facilita la corrección de fallas en los controles internos antes de que los informes sean definitivos, optimizando así el uso de los recursos del Estado.

En definitiva, la medida pretende consolidar una cultura de rendición de cuentas donde el derecho a la defensa sea respetado. La agenda de trabajo continuará extendiéndose a todas las dependencias gubernamentales, integrando este procedimiento como una fase obligatoria del ciclo ordinario de auditoría, elevando la credibilidad de los procesos de supervisión en el país.