Justicia impone condenas ejemplares en Valverde, Hato Mayor y Espaillat

Tribunales dictan penas severas por homicidio y violación sexual

En una contundente demostración de la respuesta del sistema judicial frente a hechos de violencia, tribunales de distintas jurisdicciones de la República Dominicana emitieron tres sentencias condenatorias que suman décadas de prisión por delitos graves cometidos en las provincias Valverde, Hato Mayor y Espaillat. 

Condena máxima por asesinato en Mao

El Tribunal Colegiado de Valverde condenó a 30 años de prisión a Gari Dalvyn Contreras, hallado culpable de asesinar a José Ramón Fernández Andelis en un hecho ocurrido el 23 de septiembre de 2023, en el sector La Compuerta del municipio de Mao.

De acuerdo con el expediente acusatorio, Contreras se presentó en motocicleta frente a la vivienda de la víctima alrededor de las seis de la tarde. Tras preguntarle por una persona y no recibir respuesta, lo atacó con un arma blanca, ocasionándole heridas en el brazo derecho y el costado izquierdo que derivaron en una hemorragia interna mortal.

El informe de autopsia del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) estableció que la víctima sufrió cuatro heridas punzocortantes, confirmando que se trató de una muerte violenta. En medio del ataque también resultó herido Julio Omar Pichardo, amigo del hoy occiso, quien recibió lesiones en el hemitórax izquierdo y en un brazo cuando intentaba llegar a la vivienda.

El tribunal, integrado por las juezas Milagros del Amor, Yeritza de la Cruz y Dariana Peñaló Gil, acogió como válidas las pruebas presentadas por el fiscal litigante Luis Enrique Taveras. La calificación jurídica incluyó varios artículos del Código Penal dominicano que tipifican el asesinato. La sentencia será cumplida en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) de Mao.

Veinte años por homicidio en Hato Mayor

En un segundo proceso, el Tribunal Colegiado del distrito judicial de Hato Mayor condenó a 20 años de prisión a Geury Manuel Cedeño por el homicidio de Wascar Danilo Figuereo, ocurrido el 11 de enero de 2025 en el kilómetro 20 de la carretera Hato Mayor–Sabana de la Mar.

Según el expediente, Cedeño y otro hombre —quien fue absuelto— se desplazaban en motocicletas cuando interceptaron a la víctima, que viajaba en otro vehículo similar. Fue entonces cuando Cedeño disparó, impactando mortalmente a Figuereo.

El tribunal, presidido por el juez Francisco Antonio Arias Sánchez e integrado por Haissel Uribe Reyes y María del Carmen García, dictó la condena tras valorar las pruebas aportadas por el Ministerio Público. 

Además de violar disposiciones del Código Penal, el condenado infringió la Ley 631-16 sobre Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados. La pena deberá cumplirse en la cárcel pública de El Seibo.

Pena ejemplar por violación sexual

La tercera sentencia corresponde al distrito judicial de Espaillat, donde un tribunal condenó a 20 años de prisión a Frangelis Polanco Núñez por violar sexualmente a una mujer de 75 años en un hecho ocurrido el 23 de marzo de 2023.

De acuerdo con la acusación, el imputado ingresó a la vivienda de la víctima alrededor de las dos de la madrugada tras desprender una tabla de la estructura. Desnudo y con el rostro cubierto por un pañuelo, logró acceder a la habitación donde la señora dormía sola. La agredió físicamente y cometió la violación.

Durante el forcejeo, la víctima logró quitarle el pañuelo, reconociendo su rostro y su voz mientras este la amenazaba para que no pidiera ayuda. La llegada de otras personas al lugar obligó al agresor a huir por la parte trasera de la casa, siendo visto por una vecina y por la hija de la víctima.

El Tribunal Colegiado, integrado por los jueces Luis Rafael Diloné, Rosa Molina y Ana María Jiménez, dictó la condena tras ponderar las pruebas presentadas por las fiscales Ana Belkis Ramos y Angélica Castillo. El sentenciado cumplirá la pena en el Centro de Corrección y Rehabilitación La Isleta.

Estas tres decisiones reflejan una línea de acción judicial orientada a garantizar responsabilidad penal, protección a las víctimas y una señal clara de que los delitos graves no quedarán impunes en el país.