Justicia dominicana rechaza extinguir caso de corrupción

La Corte ratifica juicio contra Adán Cáceres por desvío de fondos públicos

La Segunda Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional ratificó la sentencia que obliga al mayor general Adán Cáceres Silvestre a enfrentar el juicio de fondo por corrupción administrativa. La decisión representa una victoria estratégica para el Ministerio Público que, según la decisión judicial, logró desmontar el intento de la defensa de evadir la justicia mediante la figura de la extinción de la acción penal.

El tribunal de alzada, presidido por la magistrada Isis Muñiz e integrado por Nancy Joaquín y Teófilo Andújar, desestimó los argumentos del exjefe del Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep). 

Cáceres Silvestre pretendía que se declarara vencido el plazo máximo de duración del proceso; sin embargo, los jueces determinaron que no han existido vicios ni dilaciones indebidas provocadas por los organismos acusadores.

La resolución confirmó en todos sus puntos lo dictado previamente por el Primer Tribunal Colegiado, fundamentándose en precedentes del Tribunal Constitucional. Según la corte, la extensión de los plazos ha sido "razonable" dado el contexto de un sistema judicial con limitaciones operativas y la complejidad intrínseca de un caso que involucra a una red de 30 personas físicas y 18 jurídicas.

El fallo subraya que los retrasos registrados entre octubre de 2023 y junio de 2024 son atribuibles exclusivamente a las tácticas de las defensas, tales como licencias médicas, cambios constantes de abogados y la incomparecencia de representantes legales.

Red malversó miles de millones de pesos

El expediente que enfrenta el general Cáceres es de una magnitud sin precedentes en el ámbito militar. Se le acusa de encabezar un esquema de corrupción que operó entre 2012 y 2020, logrando desviar más de RD$4,500 millones del erario. 

Los fondos fueron sustraídos no solo del Cusep, sino también del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur) y del Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani), afectando instituciones críticas para la seguridad y la protección social.

Ante estas evidencias, los fiscales de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) han sido tajantes en sus solicitudes de condena. El Ministerio Público ha pedido formalmente penas de 20 años de prisión y multas equivalentes a 400 salarios mínimos para Cáceres Silvestre, así como para los generales Juan Carlos Torres Robiou y Julio Camilo De los Santos Viola. 

Para otros implicados, como el mayor Raúl Alejandro Girón Jiménez —quien ha colaborado con las autoridades—, se han solicitado penas menores de cinco años. Con esta ratificación, el proceso entra en su etapa definitiva, cerrando las puertas a las maniobras técnicas que buscaban el archivo del caso por el simple paso del tiempo.