Amnistía tacha de “vergonzosos” los bombardeos de EEUU en el Caribe

Denuncia 150 muertes y pide al Congreso frenar los ataques

La organización Amnistía Internacional calificó de “sombría y vergonzosa” la cifra de 150 personas muertas en bombardeos ejecutados por Estados Unidos en el mar Caribe y en el Pacífico oriental. La ONG sostiene que se trata de “ejecuciones extrajudiciales” y reclamó al Congreso estadounidense que intervenga para frenar estas operaciones y exigir responsabilidades.

En un comunicado difundido este martes, Amanda Klasing, directora nacional de relaciones gubernamentales de la organización en Estados Unidos, afirmó que el Ejército ha alcanzado “un hito sombrío y vergonzoso” tras confirmar tres nuevas muertes en el Caribe, con lo que el total asciende a 150 desde septiembre de 2025.

Washington enmarca estos ataques dentro de la llamada Operación Lanza del Sur, una campaña aérea dirigida contra embarcaciones que la Casa Blanca identifica como vinculadas al narcotráfico y cuyos ocupantes son descritos como “narcoterroristas”. Sin embargo, Amnistía cuestiona esa narrativa y denuncia la falta de pruebas públicas que respalden las acusaciones.

“Interceptar supuestos barcos cargados de drogas es una operación policial”, subrayó Klasing. A su juicio, este tipo de acciones deben regirse por las normas internacionales de derechos humanos, que protegen el derecho a la vida y establecen que el uso de fuerza letal solo es admisible ante una amenaza inminente y cuando no existan alternativas menos lesivas, como la captura.

La dirigente insistió en que, fuera de esos supuestos, “un Estado que mata intencionalmente a alguien está cometiendo una ejecución extrajudicial, sin importar el delito que se le impute a la persona”. Por ello, pidió que cesen los ataques y que tanto los responsables directos como los altos funcionarios implicados rindan cuentas.

La organización también puso el foco en el papel del poder legislativo. Según Klasing, desde el inicio de la campaña algunos legisladores han intentado promover medidas para detener los bombardeos, pero el Congreso, en su conjunto, no ha ejercido la supervisión que le corresponde. “Debe trabajar unido para frenar estos ataques y exigir responsabilidades”, remarcó.

La Administración de Donald Trump no ha hecho públicas pruebas detalladas sobre la identidad o las actividades de las personas fallecidas, entre las que habría nacionales de Venezuela, Colombia y Trinidad y Tobago. Esta falta de transparencia ha alimentado las críticas de organizaciones de derechos humanos.

El primer bombardeo de la campaña ya estuvo rodeado de polémica. Tras varios días de negativas, la Casa Blanca reconoció en diciembre de 2025 que las fuerzas estadounidenses atacaron nuevamente una embarcación en la que ya se había producido un asalto previo y donde aún había supervivientes. Las once personas a bordo murieron.

Aquel episodio abrió un debate interno sobre la cadena de mando. Varias voces señalaron al entonces secretario de Defensa, Pete Hegseth, aunque la Administración atribuyó la orden al almirante Frank Bradley, quien, según la versión oficial, actuó con autorización del jefe del Pentágono. Desde entonces, el Ejército ha hecho público el nombre del mando responsable tras cada operación. En las más recientes, la decisión recayó en el general Francis Donovan.

El 23 de enero, un nuevo ataque dejó dos muertos y un superviviente, de acuerdo con el Comando Sur. Para Amnistía, estos episodios no son hechos aislados sino parte de una política sostenida que, advierte, vulnera el derecho internacional.

La ONG insiste en que la lucha contra el narcotráfico no puede servir de excusa para operar al margen de la ley. Mientras tanto, la cifra de víctimas sigue creciendo y el debate sobre los límites del uso de la fuerza en alta mar se instala en el centro de la discusión política en Washington.