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ONU exige participación política de personas con discapacidad

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Organización de las Naciones Unidas exige escaños reservados y accesibilidad política plena. Relatora urge reformas estructurales contra estigma y barreras, Imagen generada con inteligencia artificial

Llama a los Estados reservar escaños para personas con discapacidad y adoptar normas de accesibilidad

La Organización de las Naciones Unidas lanzó un llamado contundente a los Estados: garantizar la participación igualitaria y efectiva de las personas con discapacidad en la vida política requiere mucho más que declaraciones simbólicas. Entre las recomendaciones centrales figura la reserva de escaños en parlamentos, la adopción de normas obligatorias de accesibilidad y la implementación de medidas afirmativas que permitan romper décadas de exclusión estructural.

El planteamiento aparece en el informe titulado Participación igualitaria de las personas con discapacidad en la vida política y pública, elaborado por la Relatora Especial Heba Hagrass y presentado ante el Consejo de Derechos Humanos. 

El documento advierte que, pese a la existencia de marcos jurídicos sólidos como la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, la representación política de este colectivo sigue siendo alarmantemente baja en todo el mundo.

Barreras estructurales aún vigentes

La relatora identifica obstáculos persistentes que limitan el derecho a ser elegido y ejercer cargos públicos en igualdad de condiciones. Entre ellos figuran restricciones legales discriminatorias vinculadas a la capacidad jurídica, entornos políticos inaccesibles, falta de ajustes razonables, barreras financieras y un acceso reducido a la educación política y a itinerarios de liderazgo.

A esto se suma el estigma social y el capacitismo, fenómenos que, según el informe, continúan erosionando la percepción pública sobre la competencia y capacidad de liderazgo de las personas con discapacidad, especialmente de aquellas con discapacidad intelectual o psicosocial.

El documento subraya que estas limitaciones no solo vulneran derechos individuales, sino que debilitan la calidad democrática de los Estados. Una democracia verdaderamente representativa —señala— debe garantizar que todas las voces tengan espacio en la toma de decisiones.

Medidas afirmativas y reformas profundas

Entre las propuestas más relevantes destaca la reserva de escaños en asambleas legislativas y la inclusión de cuotas específicas en listas electorales, siempre en consulta estrecha con las propias personas con discapacidad. 

También se plantea que las cuotas de género incluyan de manera explícita a mujeres con discapacidad y que los escaños contemplen distintos tipos de discapacidad.

No obstante, la relatora advierte que una medida aislada —como eximir del pago de tasas de candidatura o asignar escaños reservados— tendrá efectos limitados si no forma parte de una reforma sistémica más amplia

Para evitar lo anterior, recomienda derogar leyes discriminatorias, establecer estándares obligatorios de accesibilidad, destinar financiación pública para cubrir gastos asociados a la discapacidad y mejorar la recopilación de datos para diseñar políticas más eficaces.

Asimismo, insta a los gobiernos a impulsar campañas de concienciación que cuestionen prejuicios arraigados y a sancionar discursos de odio o expresiones discriminatorias en el ámbito político.

En España, el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) valoró positivamente el informe y lo calificó como una “toma de posición de valor” en el vigésimo aniversario de la Convención. La organización participó en el proceso junto a otras 79 contribuciones de Estados y sociedad civil.

Para el CERMI, el documento refuerza el principio de democracia inclusiva, en la que las personas con discapacidad no solo ejerzan el derecho al voto, sino que integren plenamente órganos legislativos, ejecutivos y de representación política en todos los niveles.

El organismo hizo un llamado directo a los poderes públicos españoles y a las fuerzas políticas para analizar las conclusiones y adoptar medidas concretas que eliminen barreras normativas, económicas y actitudinales.

La ONU deja claro que la inclusión política no es una concesión, sino un derecho. Y advierte que sin representación real y efectiva, la promesa democrática seguirá incompleta para millones de personas en el mundo.

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Diómedes Tejada Gómez

Diómedes Tejada Gómez

Comunicador y mercadólogo, editor de DiarioDigitalRD en Nueva York. Contacto: diomedestejada@gmail.com

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