La respuesta de Trump al fallo del Supremo de EEUU a sus aranceles

Tras calificar el fallo de "muy decepcionante" el mandatario anuncio aranceles globales del 10%

En una decisión que marca un hito en el equilibrio de poderes, el Tribunal Supremo de Estados Unidos ha propinado un duro golpe a la estrategia económica de la administración actual. Con una votación de 6 a 3, el alto tribunal determinó que la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) no otorga al presidente la facultad de imponer aranceles de forma unilateral, invalidando así las medidas adoptadas tras el denominado 'Día de la Liberación'.

La reacción del presidente Donald Trump no se hizo esperar. Desde Washington, calificó el fallo como "profundamente decepcionante" y arremetió contra los magistrados, tachándolos de "antipatriotas" y acusándolos de ceder ante intereses extranjeros. 

Según el mandatario, esta resolución es un obstáculo para su agenda de fortalecimiento nacional, aunque aseguró que ya tiene preparada una contraofensiva legal para mantener su política proteccionista.

El límite del poder ejecutivo federal

El núcleo de la controversia reside en la interpretación de una ley de 1977. El Supremo aclaró que "regular la importación" no es sinónimo de imponer gravámenes ilimitados sin una autorización clara del Congreso. 

Los jueces recalcaron que su papel se limita a lo estipulado en el Artículo III de la Constitución, subrayando que ningún presidente anterior había intentado arrogarse tales competencias mediante la IEEPA.

Este revés judicial no solo anula los aranceles previos, sino que abre la puerta a una batalla legal masiva. Miles de empresas que se vieron afectadas por el encarecimiento de sus importaciones ahora podrían reclamar reembolsos multimillonarios. 

El propio Trump reconoció que el Gobierno federal podría verse inmerso en litigios durante los próximos cinco años para dirimir estas devoluciones.

Nueva estrategia mediante la sección 122

Pese al fallo, el Ejecutivo anunció la firma inmediata de una orden amparada en la Sección 122 para imponer un nuevo arancel global del 10%. Sin embargo, esta vía tiene una limitación temporal crítica: solo podrá aplicarse durante un máximo de 150 días, a menos que el poder legislativo decida prorrogarlo.

Además, se iniciarán investigaciones bajo la Sección 301 para denunciar prácticas comerciales injustas. Mientras la Casa Blanca intenta recuperar la iniciativa, la incertidumbre en los mercados aumenta. 

La pregunta que queda en el aire es si el Congreso, dividido y bajo presión, validará la visión económica del presidente o si el país se encamina hacia un periodo de estancamiento en su política de comercio exterior.