Acusan a exalcalde de North Miami de fraude migratorio y matrimonial

Gobierno de EE.UU. gestiona quitarle la ciudadanía a Philippe Bien-Aime.

El exalcalde de North Miami, Philippe Bien-Aime, enfrenta una demanda civil en Estados Unidos que busca retirarle la ciudadanía por presunto fraude migratorio. Las autoridades federales aseguran que utilizó identidades falsas, mintió bajo juramento y contrajo un matrimonio fraudulento para regularizar su estatus en el país.

La denuncia fue presentada esta semana ante el Tribunal de Distrito en Miami, Florida. La acción legal fue impulsada por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS), en coordinación con el Departamento de Justicia.

Según el expediente, antes de naturalizarse como ciudadano estadounidense bajo el nombre de Philippe Bien-Aime, el acusado ingresó al país con un pasaporte falso. Lo hizo utilizando la identidad de Jean Philippe Janvier, con fotografías alteradas en el documento.

En 2001, bajo esa identidad, fue sometido a un proceso de remoción y recibió una orden definitiva de deportación. Aunque apeló la decisión, luego retiró el recurso alegando que había regresado a Haití. Sin embargo, de acuerdo con la acusación, nunca salió de Estados Unidos.

Las autoridades sostienen que, ya con un nuevo nombre y fecha de nacimiento, se casó con una ciudadana estadounidense para obtener la residencia permanente. Ese matrimonio, dice la demanda, era fraudulento. No solo habría sido contraído con fines migratorios, sino que además no era válido legalmente porque Bien-Aime seguía casado con una ciudadana haitiana.

En 2006 logró naturalizarse como ciudadano estadounidense. Para entonces, según el Gobierno, había realizado múltiples declaraciones falsas durante sus trámites de ajuste de estatus y naturalización.

La demanda enumera varias razones por las que, a juicio de las autoridades, la ciudadanía fue obtenida de manera ilegal. Primero, estaba sujeto a una orden final de remoción, lo que lo descalificaba automáticamente para optar por la naturalización. Esa orden también impedía que su solicitud de residencia permanente fuera considerada.

Segundo, la existencia de esa orden bloqueaba cualquier posibilidad de que USCIS aprobara su proceso de ciudadanía. Tercero, el ajuste de estatus habría sido inválido debido al fraude y al carácter ilegal del matrimonio. Y cuarto, se le acusa de mentir bajo juramento al negar que tenía una orden de deportación y al afirmar que nunca había engañado a funcionarios del Gobierno. También habría proporcionado información falsa sobre sus hijos y antiguos lugares de residencia.

El caso salió a la luz tras una comparación de huellas dactilares tomadas bajo ambas identidades. Esa verificación forma parte de una iniciativa nacional conocida como el Proyecto de Inscripción Histórica de Huellas Digitales, un esfuerzo conjunto de USCIS y el Departamento de Justicia para revisar casos antiguos.

La investigación fue desarrollada por el Departamento de Seguridad Nacional y será litigada por la División Civil del Departamento de Justicia y la Fiscalía Federal para el Distrito Sur de Florida.

Por ahora, se trata de una demanda civil de desnaturalización. Las acusaciones deberán probarse en los tribunales. Como en todo proceso judicial, el acusado se presume inocente hasta que se demuestre lo contrario.