Suprema Corte habría archivado caso contra exadministrador Lotería 

Fallo definitivo descarta pruebas y cuestiona actuación acusatoria contra Maisichell Dicent

La Suprema Corte de Justicia cerró de manera definitiva el proceso penal seguido contra el exadministrador de la Lotería Nacional, Luis Maisichell Dicent, mediante la sentencia del 31 de octubre de 2025 (Exp. núm. 059-2022-EPEN-00105), según informó su equipo jurídico.

De acuerdo con la defensa, la Alta Corte confirmó “de manera irrevocable” que no existían elementos probatorios que vincularan de forma lógica y estructurada a su representado con los hechos investigados. 

Los abogados sostienen que, desde las primeras etapas del proceso, advirtieron sobre la supuesta fragilidad de la acusación, postura que —afirman— queda ahora validada con la decisión final.

“No existía un solo hilo conductor probatorio que articulara coherentemente la relación entre el hecho investigado, los actores procesados y el señor Dicent”, señalaron los juristas en declaraciones ofrecidas a la prensa.

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Advertencias durante el proceso judicial

El equipo legal indicó que durante el desarrollo del caso notificó formalmente a los órganos acusadores, entre ellos la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), así como al Estado dominicano y a los querellantes privados, sobre lo que calificaron como una ausencia de estructura probatoria sólida.

Entre los querellantes figuraban representantes de consorcios de bancas de apuestas y empresas privadas que participaron activamente en el proceso. Según la defensa, el derecho penal exige coherencia entre hecho, sujeto y prueba, y mantener una acusación sin esa correspondencia puede derivar en responsabilidades posteriores.

Los abogados insistieron en que la sentencia refuerza el principio de que la responsabilidad penal no puede sustentarse en conjeturas ni presiones externas, sino en evidencia concreta y verificable.

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Impacto institucional y mediático

Más allá del plano judicial, la defensa cuestionó el manejo público del caso, al considerar que estuvo marcado por una intensa exposición mediática. “El proceso penal debe desarrollarse en los tribunales, no en las redes sociales”, expresaron, al advertir que cuando la narrativa pública supera la base probatoria disponible, “el riesgo institucional es alto”.

El equipo jurídico subrayó que la presunción de inocencia es un estándar reforzado protegido por la Constitución dominicana y por pactos internacionales de derechos civiles y políticos. A su juicio, la decisión de la Suprema Corte reafirma ese principio y envía un mensaje sobre la necesidad de rigor técnico en los procesos de persecución penal.

Tras el cierre definitivo del caso, los abogados sostienen que se abre una etapa de reflexión sobre la actuación institucional y la prudencia en la formulación de acusaciones. “El Estado de Derecho se fortalece cuando acusa con responsabilidad y sustento técnico”, concluyeron.

Luis Maisichell Dicent enfrentó un proceso que generó amplio debate público en el país. Con esta sentencia, el expediente queda archivado de manera definitiva.