Guyana pide a Venezuela frenar acciones que puedan desestabilizar la región

Georgetown exige respeto al proceso judicial y reafirma soberanía sobre el Esequibo

El Gobierno de Guyana volvió a poner el foco en el prolongado conflicto territorial con Venezuela y pidió este miércoles a Caracas que se “abstenga de acciones” capaces de poner en riesgo la paz y estabilidad en la región. En un comunicado oficial difundido desde Georgetown, la administración guyanesa defendió con firmeza su soberanía sobre la disputada región del Esequibo y subrayó que sigue apostando por una solución pacífica y basada en el derecho internacional. 

La nota fue emitida por el Ministerio de Asuntos Exteriores en el marco del 60º aniversario del Acuerdo de Ginebra de 1966, el tratado que estableció un marco para tratar pacíficamente la controversia. Guyana insistió en que esa hoja de ruta, combinada con los principios de la Carta de las Naciones Unidas, sigue siendo la base para resolver el conflicto ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en La Haya. 

En el documento, Georgetown reafirmó que, durante décadas, ha actuado de buena fe y ha respetado tanto la letra como el espíritu del Acuerdo de Ginebra, cumpliendo con sus obligaciones internacionales. Según la declaración, esto incluye aceptar la jurisdicción de la CIJ y confiar en que el tribunal tomará una decisión definitiva y vinculante sobre el conflicto. 

Guyana rechazó con dureza las “aseveraciones y tergiversaciones” de funcionarios venezolanos que, según el comunicado, intentan distorsionar los efectos jurídicos del tratado de 1966, negar la competencia de la CIJ o presentar reclamos infundados sobre territorio que, a juicio de Georgetown, es parte inseparable de su soberanía. 

La tensión entre ambos países ha tenido momentos de aguda controversia en los últimos años. Caracas reiteró en 2025 que proponía una “negociación de buena fe” sobre el Esequibo, condición que Guyana ha considerado insuficiente dado que, sostiene, Venezuela nunca renunciará a sus llamados “derechos históricos” sobre el territorio. 

El origen de la disputa se remonta al laudo arbitral de 1899 que definió la frontera entre lo que entonces era la Guayana Británica y Venezuela. Guyana, que heredó ese arbitraje tras su independencia, argumenta que dicho fallo es legítimo y que Venezuela debe aceptarlo. Caracas, por su parte, sostiene que el acuerdo de 1966 reconoce sus reclamos de que el laudo fue resultado de una supuesta manipulación política, una postura que ha repetido en diversas plataformas internacionales. 

En los hechos, el conflicto ha ido más allá de la retórica diplomática. En mayo de 2025, el gobierno venezolano legalizó elecciones en el territorio que denomina “Guayana Esequiba”, una declaración que Guyana calificó como una violación flagrante del derecho internacional y de los acuerdos existentes. 

La CIJ ya ha rechazado objeciones de Venezuela y ha confirmado su competencia para dirimir el caso, algo que Guyana ha celebrado como un respaldo a su enfoque judicial. El país caribeño sostiene que el tratado de 1966 no invalida el laudo de 1899; por el contrario, establece el procedimiento para que la disputa sea resuelta por la Corte de La Haya de forma definitiva. 

La respuesta guyanesa llega en un momento en que la comunidad internacional sigue de cerca las implicaciones del conflicto. Organizaciones regionales y estados terceros han instado al respeto del Estado de derecho y a evitar cualquier acción que cargue de mayor tensión la situación. Guyana, por su parte, ha reiterado que defenderá su soberanía e integridad territorial mediante medios pacíficos y lícitos, con la mirada puesta en la resolución judicial que está por venir.