Miramar Country Club: 40 años de espera

Vecinos denuncian abandono y servicios básicos colapsados

A siete kilómetros del municipio de Guayacanes, en la costa este del país, el proyecto Miramar Country Club nació con una promesa ambiciosa: ofrecer tranquilidad, seguridad y un estilo de vida exclusivo, lejos del ruido de la ciudad. Más de cuatro décadas después, quienes apostaron por ese sueño aseguran que lo único que ha crecido allí es la frustración.

El residencial, ubicado a unos 45 minutos del centro de Santo Domingo, cuenta con 1,650 solares, pero apenas unas 30 viviendas han sido construidas. Para los propietarios, la razón es evidente: no hay condiciones mínimas para vivir con normalidad. Denuncian la ausencia de un acueducto general, un servicio eléctrico inestable, calles sin asfaltar ni señalización, vigilancia deficiente y un mantenimiento prácticamente inexistente.

Luis Felipe Cartagena, presidente de la Junta de Vecinos Mariposas, define la situación como “crítica”. Asegura que desde 2012 han enviado comunicaciones formales a la empresa desarrolladora sin obtener respuestas concretas. “Hace tres años solicitamos la instalación de 150 lámparas y el mantenimiento de postes de luz. Se comprometieron verbalmente, pero nunca cumplieron”, afirma. Para él, el problema no es solo la falta de obras, sino la reiteración de promesas que se diluyen con el tiempo.

El proyecto, diseñado por el arquitecto Mella —a quien los residentes atribuyen también el desarrollo del sector Los Cacicazgos en Santo Domingo— fue concebido como un complejo de alto valor arquitectónico. Sin embargo, la infraestructura básica nunca llegó a consolidarse. La Casa Club, que en otro tiempo ofrecía piscina y áreas recreativas, hoy permanece cerrada y en evidente deterioro.

Rafael Domingo Capellán y Santa Aquino compraron su terreno con la ilusión de regresar al país y vivir con serenidad. Han pasado más de 20 años y, según cuentan, nada ha cambiado. “Nos dijeron que esto sería una maravilla. No tenemos calles asfaltadas, la luz es deficiente y ni siquiera las vías están identificadas”, lamenta Aquino. Para recibir visitas, deben esperarlas en la entrada o colocar señales improvisadas en los árboles. De noche, la falta de iluminación complica aún más el acceso.

La electricidad es uno de los reclamos más constantes. Dominic Guittón, residente de origen francés que adquirió su solar en 2006, relata que los apagones y las variaciones de voltaje son frecuentes. En su caso, la explosión de un transformador provocó un incendio que destruyó su primera vivienda y varios equipos eléctricos. Los vecinos piden una revisión integral del tendido por parte de EDEESTE, ya que sin energía tampoco funcionan las bombas de agua.

Las calles sin asfaltar representan otro riesgo. Jason de los Santos, quien vive allí desde 2009, asegura que los vehículos sufren daños constantes. “Se nos dañan las gomas, los trenes delanteros. Es el día a día”, dice, visiblemente molesto. Cada año, añade, se anuncian nuevas etapas de construcción que nunca arrancan.

La seguridad también se ha reducido. Ante robos y asaltos, los vecinos han optado por vigilarse entre sí. “Aquí cada quien cuida la casa del otro”, explica De los Santos. Consideran que la empresa desarrolladora ha abandonado su responsabilidad de planificación y supervisión.

El abogado Cándido Simó, asesor legal de la Junta, sostiene que se trata de uno de los primeros casos de presunta estafa inmobiliaria de las décadas de los 70 y 80 que nunca fue reclamado formalmente. Otros propietarios coinciden en que el abandono no solo afecta su calidad de vida, sino que frena el desarrollo inmobiliario en una zona cercana a polos turísticos como San Pedro de Macorís, La Romana y Punta Cana.

Los residentes aseguran que en los planos originales se prometieron un campo de golf y hasta una pista para helicópteros, proyectos que nunca se materializaron. Mientras tanto, denuncian que los propietarios han invertido en otros desarrollos, pero no en Miramar.

Cansados de esperar, la Junta de Vecinos evalúa acudir a instancias como Pro Consumidor para exigir el cumplimiento de lo pactado. “No pedimos favores. Solo queremos lo que se nos prometió cuando compramos”, concluyen. Después de 40 años, dicen, lo único que no están dispuestos a perder es la voz.