Procuradora ordena investigar ocupaciones ilegales en áreas protegidas

Yeni Berenice Reynoso designa una fuerza de tarea para indagar títulos de propiedad emitidos en parques nacionales como Jaragua, Valle Nuevo y Dunas de Baní

SANTO DOMINGO – La procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, dispuso una investigación penal exhaustiva sobre las ocupaciones ilegales y los posibles fraudes inmobiliarios que afectan a varias áreas protegidas del país. La instrucción abarca desde el Parque Nacional Jaragua hasta Valle Nuevo, pasando por la Sierra de Bahoruco, las Dunas de Baní, la zona de Bucanyé y el Parque Nacional Hoyo del Pino.

La magistrada designó una fuerza de tarea especial coordinada por el procurador adjunto Wilson Camacho, titular de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público. El equipo lo completan los procuradores de corte Mirna Ortiz (Pepca), Francisco Contreras (Medio Ambiente), Ramona Nova (Anti-Lavado de Activos), Ana Burgos (Investigación Inmobiliaria) y Gedeón Platón Bautista Liriano, abogado del Estado ante la Jurisdicción Inmobiliaria.

El alcance de la investigación no se limita a las ocupaciones visibles. La orden de la Procuradora General instruye a los fiscales a revisar "todos los actos jurídicos, administrativos o transacciones que hayan dado lugar a la expedición de títulos de propiedad o acciones privadas" dentro de estos territorios protegidos. Se trata de indagar, según explica la disposición, "la existencia de entramados criminales, corrupción, falsificación o prevaricación que hayan facilitado el apoderamiento de patrimonio público natural".

Un informe sobre las 134 áreas protegidas

Además de los casos específicos, la fuerza de tarea deberá elaborar, en coordinación con el Ministerio de Medio Ambiente, un informe detallado sobre la situación jurídica y el impacto de los delitos ambientales en la totalidad del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP), que comprende 134 espacios de conservación.

La decisión responde a una preocupación de fondo que la propia Reynoso explicitó: la conservación de estas áreas no es un asunto meramente ecológico, sino que resulta estratégica para la seguridad hídrica del país y para el sostenimiento de las actividades productivas que dependen del agua.

Delitos ambientales con lupa de crimen organizado

El Ministerio Público informó que esta instrucción implica un reenfoque en la manera de perseguir los delitos ecológicos. La idea es tratarlos con la misma rigurosidad que el crimen organizado, dado el daño, muchas veces irreversible, que provocan en el tejido social y en las posibilidades de desarrollo de las generaciones futuras.

En los últimos años, diversas organizaciones ambientalistas y comunitarias han denunciado la proliferación de construcciones, desmontes y ocupaciones en zonas de vocación estrictamente protectora. Algunas de esas áreas, como Valle Nuevo o la Sierra de Bahoruco, resultan claves para la recarga de los acuíferos que abastecen de agua a poblaciones enteras y a la agricultura.

La investigación ahora ordenada busca determinar si detrás de esas ocupaciones hay operaciones fraudulentas que contaron con complicidades administrativas o jurídicas, y establecer responsabilidades penales más allá de los ocupantes directos.