MP acusa maniobras dilatorias en juicio Jean Alain a falta de argumentos

Camacho cuestiona estrategia defensiva del exprocurador general

El juicio por presunta corrupción administrativa contra el exprocurador general Jean Alain Rodríguez volvió a tensar el ambiente en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva. A la salida de la audiencia, el procurador adjunto Wilson Camacho afirmó que la defensa del exfuncionario estaría apostando por dilatar el proceso, ante la falta de argumentos sólidos frente a las pruebas presentadas por el Ministerio Público.

Camacho, quien encabeza la Dirección General de Persecución, sostuvo que los incidentes planteados por los abogados defensores no son nuevos. Según explicó, se trata de los mismos recursos que fueron rechazados en etapas anteriores del proceso. A su juicio, insistir en ellos responde a una estrategia orientada a postergar el conocimiento del fondo del caso.

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Incidentes repetidos y nuevas solicitudes

El representante del órgano acusador señaló que, tras ser instados por el tribunal a presentar todos sus incidentes de manera conjunta, los abogados solicitaron un aplazamiento para organizarlos. “Si esos planteamientos no están listos, resulta evidente cuál es la intención”, expresó ante la prensa.

Camacho fue más allá al asegurar que el acusado ha recurrido reiteradamente a declaraciones que, en su criterio, no se corresponden con la realidad procesal. Recordó que el imputado tiene derecho a defenderse como estime pertinente, pero insistió en que el debate debe centrarse en las pruebas documentales y testimoniales que sustentan la acusación.

Las juezas del Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, Claribel Nivar, Yissell Soto y Clara Castillo, dispusieron el aplazamiento de la audiencia para el lunes 16 de febrero de 2026 a las 9:00 de la mañana.

Acusaciones millonarias y varios implicados

El expediente atribuye a Rodríguez Sánchez la presunta malversación de más de RD$6,000 millones entre 2016 y 2020, período en el que ocupó la Procuraduría General de la República. El Ministerio Público sostiene que los fondos habrían sido desviados mediante procesos fraudulentos que involucran contratos, sobornos y operaciones irregulares.

Junto al exprocurador figuran varios exfuncionarios y colaboradores, quienes enfrentan cargos que incluyen desfalco, soborno, estafa contra el Estado y lavado de activos. La acusación sostiene que se trató de una estructura organizada para sustraer recursos públicos.

El proceso continúa bajo la mirada de la opinión pública, en un caso que se ha convertido en uno de los más relevantes en materia de persecución de la corrupción administrativa en el país.