Corrupción en las Américas: estancamiento y más violencia

El IPC 2025 alerta sobre retrocesos democráticos y crimen organizado

Santo Domingo.- La corrupción sigue siendo una carga pesada para las Américas. Así lo confirma el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2025, publicado este lunes por Transparencia Internacional. La región obtuvo una puntuación promedio de 42 sobre 100, prácticamente igual que en años anteriores. El dato no solo refleja estancamiento, sino también una incapacidad persistente de los gobiernos para enfrentar un problema que afecta de forma directa la vida cotidiana de millones de personas.

Desde 2012, doce de los 33 países evaluados en el continente han empeorado de manera significativa. En contraste, solo República Dominicana, con 37 puntos, y Guyana, con 40, lograron avances relevantes. El resto oscila entre la parálisis y el retroceso, en un contexto marcado por la expansión del crimen organizado, la erosión institucional y el debilitamiento de la democracia.

Según el informe, años de inacción oficial han abierto la puerta a redes criminales transnacionales que hoy influyen en la política, la economía y la seguridad. Países como México (27), Brasil (35) y Colombia (37) muestran cómo la corrupción facilita la impunidad y perpetúa injusticias que afectan sobre todo a los sectores más vulnerables.

Ni siquiera los países con mejores resultados están al margen. Costa Rica (56) y Uruguay (73), consideradas las democracias más sólidas de América Latina, también enfrentan un aumento de la violencia vinculada al narcotráfico y otras economías ilegales. El mensaje es claro: cuando la corrupción se tolera, termina filtrándose incluso en los sistemas más estables.

En el otro extremo se encuentran Estados con instituciones frágiles o directamente cooptadas. Nicaragua (14) y Haití (16) siguen atrapados en dinámicas de corrupción estructural, con redes criminales profundamente arraigadas. Venezuela, con apenas 10 puntos, vuelve a ocupar el último lugar de la región. Años de corrupción generalizada y actividades ilícitas han disparado la pobreza y la desnutrición. Millones de familias sobreviven con acceso limitado a alimentos, agua potable y electricidad.

El impacto de la corrupción no es abstracto. Se siente en hospitales, escuelas y programas sociales. En Perú (30), la fiscalía investiga presuntos sobornos en el programa de alimentación escolar para evadir controles sanitarios, un caso que podría haber derivado en la entrega de alimentos contaminados a niños. En Argentina (36), las pesquisas sobre el manejo de fondos destinados a medicamentos para personas con discapacidad exponen riesgos similares para grupos que dependen del Estado para sobrevivir.

Otro factor que agrava el problema es el cierre del espacio cívico. En varios países, la presión sobre organizaciones sociales y medios independientes ha reducido la capacidad de control ciudadano. En El Salvador (32), las restricciones impuestas a las ONG limitan el escrutinio público de las decisiones gubernamentales. En Guyana (40), el acoso a periodistas y activistas dificulta la defensa de los recursos naturales en un contexto de creciente interés económico.

Luciana Torchiaro, consejera regional para América Latina y el Caribe de Transparencia Internacional, fue contundente: “Si los gobiernos quieren mejorar la vida de las personas y frenar el avance del crimen organizado, deben poner la lucha contra la corrupción en el centro de su agenda”. Para ello, subrayó, es clave proteger las libertades fundamentales, transparentar la contratación pública y garantizar un poder judicial fuerte e independiente. También insistió en la necesidad de reforzar la cooperación internacional para investigar delitos transnacionales y cerrar los vacíos legales que permiten que el dinero ilícito cruce fronteras sin control.

Entre las principales conclusiones del IPC 2025, Canadá (75), Uruguay (73) y Barbados (68) encabezan la lista regional, aunque su crecimiento es limitado. Estados Unidos (64) profundizó su tendencia a la baja y alcanzó su puntuación más baja histórica, en medio de señales preocupantes sobre la independencia judicial y el control de prácticas empresariales corruptas. Mientras tanto, países como El Salvador y Ecuador (33) muestran un deterioro en transparencia y libertades cívicas, con leyes y prácticas que debilitan la rendición de cuentas.

El diagnóstico es incómodo, pero claro: sin voluntad política real, la corrupción seguirá alimentando la violencia, la desigualdad y la desconfianza en las instituciones en todo el continente.