Crisis en la icónica Barra Payán por un presunto desfalco

Ministerio Público solicita medidas contra los administradores del emblemático negocio

El aroma a sándwiches y jugos de la emblemática Barra Payán se ha visto empañado por un agrio conflicto judicial que sacude los cimientos de uno de los comercios más queridos de la capital. Este domingo, la Fiscalía del Distrito Nacional ha formalizado su ofensiva legal contra los hermanos Marcos y Juan Ismael Frías García, junto al financiero Dagoberto Cabrera. 

La acusación es un presunto desfalco que roza los 40 millones de pesos, detectado mediante una minuciosa auditoría forense que revela una supuesta distracción sistemática de fondos.

La solicitud de medida de coerción, conocida ante la jueza Fátima Veloz, incluye el pago de una garantía económica de un millón de pesos en efectivo por cada imputado, impedimento de salida del país y presentación periódica. 

Según el expediente, las irregularidades consistían en la omisión de depósitos bancarios de las ventas diarias, creando una brecha abismal entre los registros manuales de las cajeras y el dinero que finalmente llegaba a las cuentas de la sociedad.

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Guerra interna entre socios y hermanos

El caso ha destapado una fractura profunda en la estructura familiar y societaria de la empresa. Los querellantes, quienes también son hermanos y socios de la entidad, alegan que desde el año 2016 se han ocultado ingresos de forma deliberada. 

La parte demandante sostiene que los imputados utilizaron supuestos prestanombres para ejecutar las maniobras financieras, dejando de lado la transparencia que exige una marca con tanto arraigo popular. 

A pesar de casi cuatro años de intentos de conciliación, la falta de un acuerdo equitativo en la división de ganancias ha llevado el conflicto hasta los tribunales.

Auditoría forense revela cifras millonarias

El pilar de la imputación descansa sobre un informe pericial fechado en mayo de 2025. El peritaje contable arrojó una cifra específica de $39,784,661.18 pesos en activos distraídos entre los años 2019 y 2022. 

Por su parte, la defensa de los hermanos Frías García —quienes superan los 70 años de edad— argumenta que se trata de un conflicto puramente comercial que no debería escalar a la jurisdicción penal.

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Mientras la justicia decide el futuro de los administradores, la mirada de los clientes se posa sobre la seguridad jurídica de un establecimiento que es patrimonio gastronómico de Santo Domingo. 

La resolución de este caso marcará un antes y un después en la gestión de Comercial Barra Payán, una marca que hoy enfrenta el desafío de limpiar su nombre ante una sociedad que sigue consumiendo sus productos ajena a las batallas que se libran en sus despachos contables.