Tensión y aranceles: el pulso fronterizo entre Colombia y Ecuador

Tras una reunión de alto nivel, ambos países se atribuyen mutuamente la responsabilidad de la guerra comercial.

El diálogo de alto nivel entre Colombia y Ecuador, celebrado este viernes, no logró desactivar la bomba de los aranceles. Al contrario, dejó al desnudo la profunda fractura diplomática que mantiene a ambos países enzarzados en una guerra comercial. Tras el encuentro, los gobiernos de Bogotá y Quito se lanzaron acusaciones cruzadas, responsabilizándose mutuamente del origen del conflicto y de la imposición de gravámenes del 30% que ya impactan el comercio bilateral.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Ecuador fue contundente en su comunicado. Respondiendo a una versión previa de Colombia, señaló que "llama la atención que se pretenda atribuir la responsabilidad de este desacuerdo al Ecuador, cuando precisamente su origen radica en la falta de control efectivo y presencia estatal de Colombia en su frontera sur". Para Quito, el núcleo del problema es la seguridad, o más bien la falta de ella, en el lado colombiano.

Horas antes, la Cancillería colombiana había expuesto su relato. Afirmó que solicitó a Ecuador eliminar los aranceles mientras se negociaba, pero la respuesta fue negativa: Quito condicionó el fin de los gravámenes a un acuerdo integral sobre todos los temas en disputa. "Ante esta situación, el Gobierno de Colombia se ve obligado a expedir el decreto de aranceles de respuesta por razonas de seguridad nacional", declaró Bogotá, justificando así la medida que había pospuesto como gesto de buena voluntad.

La divergencia es total, incluso en el diagnóstico del problema de fondo. Mientras Colombia insiste en que ha reforzado la seguridad fronteriza para combatir el narcotráfico, Ecuador asegura que su vecino admitió en la reunión los problemas de "falta de control fronterizo y eliminación del cultivo de coca" en su territorio. Este choque de narrativas no hace más que profundizar la crisis.

El conflicto se desató en enero, cuando Ecuador impuso unilateralmente un "arancel de seguridad" del 30% a importaciones colombianas, argumentando "falta de reciprocidad" en la lucha contra el narcotráfico. La réplica colombiana no se hizo esperar: un gravamen idéntico sobre más de 50 productos ecuatorianos y la suspensión temporal de la venta de electricidad. La escalada continuó con una drástica decisión de Quito: incrementar en más de un 900% la tarifa para el transporte de petróleo colombiano a través del Oleoducto Transecuatoriano (SOTE), pasando de 2.5 a más de 30 dólares por barril. Bogotá calificó la medida de "desproporcionada".

En medio de este tenso panorama, el único punto de luz es el compromiso, al menos declarativo, de seguir negociando. A pesar de no haber alcanzado avances concretos, ambas partes se han emplazado a nuevas conversaciones. Mientras tanto, Colombia anunció que llevará el caso ante la Comunidad Andina, acusando a Ecuador de incumplir el Acuerdo de Cartagena. La disputa, por ahora, está lejos de encontrar una salida. El costo económico para ambos países ya es una realidad, y la desconfianza diplomática parece más arraigada que nunca.