Piden hasta 20 años de prisión por corrupción en Coral y Coral 5G

El Ministerio Público solicita duras condenas y el decomiso de bienes millonarios

SANTO DOMINGO.— El Ministerio Público solicitó este jueves penas de hasta 20 años de prisión contra los principales implicados en los casos de corrupción administrativa conocidos como Coral y Coral 5G, dos de los procesos judiciales más complejos y voluminosos que se han conocido en República Dominicana en los últimos años.

Ante el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, el órgano acusador pidió condenas de 20 años de cárcel y multas equivalentes a 400 salarios mínimos para los generales Adán Benoni Cáceres Silvestre, Juan Carlos Torres Robiou y Julio Camilo de los Santos Viola. Según la acusación, estos ex altos mandos formaron parte de una red que habría sustraído al Estado más de 4,500 millones de pesos mediante un esquema de desvío de fondos públicos.

La misma pena fue solicitada para el coronel Rafael Núñez de Aza, el general Boanerges Reyes Batista y el capitán Franklin Antonio Mata Flores, señalados como piezas clave dentro de la estructura que operó durante varios años desde instituciones vinculadas a la seguridad del Estado.

La procuradora de corte Mirna Ortiz, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), encabezó la presentación del pedimento junto a un amplio equipo de fiscales. A la salida de la audiencia, Ortiz afirmó que el Ministerio Público logró sustentar cada una de las imputaciones. “Con pruebas documentales, periciales y testimoniales hemos demostrado todos los elementos de nuestra acusación”, sostuvo.

Además de las penas máximas, el Ministerio Público solicitó condenas de 15 años de prisión y multas de 300 salarios mínimos para Rossy Maybelline Guzmán Sánchez, conocida como “la Pastora”, así como para Kelman Santana Martínez y Pedro Roberto Castillo Nolasco. Otros imputados enfrentan pedidos de 10 años de cárcel y multas de 200 salarios mínimos, mientras que para tres acusados se solicitaron penas de cinco años, con distintas sanciones económicas.

En el caso del mayor Raúl Alejandro Girón Jiménez, quien colaboró con la investigación, el Ministerio Público pidió al tribunal que se le reconozca el tiempo ya cumplido bajo arresto domiciliario y que el resto de la pena sea suspendida. Como condiciones, se solicitó que permanezca en un domicilio fijo, se abstenga de portar armas y se presente mensualmente ante el juez de ejecución de la pena.

El expediente no se limita a las sanciones personales. La acusación incluye la solicitud de clausura y disolución de varias empresas y entidades, entre ellas la Iglesia Bautista Vida Eterna, además de multas millonarias contra sociedades comerciales vinculadas a la red. También se pidió el decomiso de villas, casas, vehículos de lujo, dinero en efectivo y otros bienes incautados durante la investigación.

Durante el proceso, el Ministerio Público presentó más de 2,200 pruebas documentales, 141 peritajes y casi 300 testimonios. Entre los bienes ocupados figuran más de 200 inmuebles, decenas de vehículos de alto cilindraje y sumas millonarias en pesos y dólares, cuyos rendimientos también han sido reclamados a favor del Estado.

El tribunal recesó la audiencia y fijó la continuación del juicio para el próximo martes 10. Mientras tanto, el caso avanza hacia su fase decisiva, con un Ministerio Público convencido de que las condenas solicitadas reflejan la magnitud del daño causado al erario.