Corte ratifica prisión en caso Cobra por fraude al SeNaSa

Apelación respalda investigación y mantiene coerción a implicados

La decisión de la Corte de Apelación del Distrito Nacional de mantener la prisión preventiva contra los principales imputados en la llamada Operación Cobra vuelve a colocar el caso en el centro del debate público y judicial. Para el Ministerio Público, el fallo no solo confirma la validez de las medidas de coerción, sino que reafirma la solidez de una investigación que destapó un presunto entramado de corrupción con un impacto directo en el sistema de salud pública.

El tribunal acogió la solicitud del órgano acusador y ratificó la prisión preventiva de Santiago Marcelo Francisco Hazim Albainy, señalado como cabecilla de una red que habría estafado al Estado con más de 14 mil millones de pesos. Según la acusación, esos recursos estaban destinados a financiar servicios sanitarios para más de siete millones de afiliados del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa).

Tras concluir las audiencias, que se extendieron hasta la madrugada de este jueves, el procurador adjunto Wilson Camacho afirmó que la decisión confirma lo que el Ministerio Público ha sostenido desde el inicio del proceso.

“Un tribunal vuelve a reconocer la fortaleza de esta investigación y la gravedad de los hechos que la sustentan”, expresó el titular de la Dirección General de Persecución.

Camacho insistió en que la afectación al SeNaSa constituye un daño de gran magnitud social. “Estamos hablando de un seguro de salud que protege a millones de dominicanos. La dimensión del perjuicio es calamitosa y las evidencias presentadas justifican plenamente la prisión preventiva”, señaló. Recordó que la medida fue impuesta en primera instancia y ahora confirmada para todos los imputados que recurrieron la decisión.

El procurador calificó el fallo como proporcional al daño causado y como un respaldo al trabajo que desarrolla el Ministerio Público bajo los lineamientos de la procuradora general Yeni Berenice Reynoso. “Es un estímulo para seguir adelante. Todo el que haya participado en este entramado tendrá que responder ante los tribunales”, advirtió.

En ese sentido, reiteró que la investigación sigue abierta y que el caso podría ampliarse. “Habrá tantas vueltas de Operación Cobra como lo amerite el proceso. Estamos avanzando y pronto hablaremos de una versión 2.0”, adelantó, sin ofrecer mayores detalles para no comprometer las diligencias en curso.

Al conocer el fondo de la apelación, la Corte desestimó los recursos presentados por Hazim Albainy y otros seis imputados, y confirmó en todas sus partes la resolución que impuso prisión preventiva por 18 meses. El tribunal, presidido por la magistrada Isis Muñoz e integrado por Teófilo Andújar y Luis Omar Jiménez, también rechazó el planteamiento de inconstitucionalidad contra varios artículos del Código Procesal Penal.

Los jueces explicaron que la prisión preventiva no solo busca garantizar la recolección de pruebas, sino asegurar la presencia de los imputados durante todas las etapas del proceso, incluyendo el juicio. Además, recordaron que el límite legal de 18 meses se mantiene vigente y no vulnera la Constitución.

En el mismo expediente, otros coacusados cumplen arresto domiciliario, garantías económicas e impedimento de salida del país. Para el Ministerio Público, el caso Cobra sigue siendo una pieza clave en la lucha contra la corrupción y un mensaje claro sobre las consecuencias del uso indebido de fondos públicos destinados a servicios esenciales.