Venezuela cambia al ritmo impuesto por Trump

Liberaciones, petróleo y control externo marcan giro político forzado en Caracas

Por corresponsal IPS

CARACAS – Centenares de presos políticos han sido excarcelados en Venezuela y el negocio petrolero ya no está confiado solo a la empresa estatal Pdvsa, al cabo de un mes de vértigo bajo los dictados del presidente estadounidense Donald Trump, quien se precia de ser quien gobierna ahora a este país sudamericano.

Los cambios son consecuencia de la cruenta "Operación Resolución Absoluta" -bombardeos y sorprendentes ataques de comandos que dejaron unos 100 muertos entre venezolanos y cubanos-, con la que Estados Unidos capturó al presidente Nicolás Maduro y a su esposa Cilia Flores en la madrugada del pasado 3 de enero.

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Mientras la fuerza militar aún les apuntaba con sus cañones, los colaboradores de Maduro recompusieron el gobierno en cuestión de horas, colocaron a la vicepresidenta Delcy Rodríguez como presidenta encargada, e iniciaron la aplicación de un programa de cambios abiertamente dictado por Washington.

Declararon su respaldo el general del ejército Vladimir Padrino, ministro de Defensa; Jorge Rodríguez, hermano de la presidenta, operador político y presidente de la Asamblea Nacional legislativa, y Diosdado Cabello, referente del ala tenida como "dura" en el oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv).

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Ese grupo reclama la libertad de Maduro y Flores, presos en una cárcel de Nueva York a la espera de juicio por un abanico de supuestos delitos, y al mismo tiempo promueve y defiende a cal y canto una "agenda de cooperación" con Estados Unidos.

Es un contraste evidente con el discurso y la conducción del líder y guía del proceso que vive su hora más menguada, el fallecido presidente Hugo Chávez (1999-2013), quien emergió en la política al dirigir un fallido alzamiento armado cuando era comandante de paracaidistas, hace exactamente 34 años, el 4 de febrero de 1992.

Chávez hizo del antiimperialismo y de la oposición a los designios de Washington su bandera para las relaciones internacionales, y convirtió esa propuesta en parte de la doctrina de la Fuerza Armada, cuyos aprestos fueron no solo sorprendidos sino imposibilitados de reaccionar con la fulminante operación del 3 de enero.

Ahora quienes gobiernan Venezuela, formados a la sombra de Chávez y detentadores de posiciones de poder durante los sucesivos gobiernos de Maduro (2013-2026), abren las puertas a los negocios según los dictados de Washington, aunque hasta ahora apenas unos postigos a la liberalización política.

Tras el rapto de Maduro, Trump ordenó tomar entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo, que saturaban los depósitos en las costas de Venezuela, para su rápida venta en los mercados internacionales y así descongestionar el sistema de producción y que no se dañasen los sistemas de flujo del crudo.

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El mandatario estadounidense dispuso que el dinero producto de esa venta fuese a una cuenta en Qatar, manejada por su secretario de Estado, Marco Rubio, y que se entregase el dinero a Caracas para los gastos que apruebe Estados Unidos.

El parlamento venezolano aprobó luego de manera exprés una reforma a la Ley de Hidrocarburos con la cual se desmontó el núcleo de la nacionalización que databa de 1976.

En paralelo, la Ofac comenzó a entregar licencias para facilitar operaciones financieras.

En el campo político rige un "estado de conmoción exterior" que restringe libertades constitucionales. De más de 1000 presos políticos, al menos 344 han sido excarcelados, mientras 687 seguían detenidos el 2 de febrero, según Foro Penal.

Estados Unidos ha propuesto cambios en tres etapas: estabilización, recuperación y transición. Entretanto, millones de venezolanos continúan bajo el asedio de una inflación superior a 500 %, encarecimiento del dólar, escasez de combustible y crisis en servicios públicos esenciales.