Donald Guerrero habla de los RD$21 mil millones "pagados al Banreservas"

Defensa del exministro de Hacienda desmiente fraude en transacciones del Estado

El caso que involucra al exministro de Hacienda, Donald Guerrero, toma un giro técnico que desafía la narrativa de la acusación. Su equipo legal ha indicado que el pago de RD$21 mil millones efectuado en 2020 no fue un desvío, sino una operación interinstitucional transparente. Según los juristas, los fondos nunca abandonaron el dominio estatal, circulando estrictamente entre el Ministerio de Hacienda y el Banreservas.

Eduardo Núñez, portavoz de la defensa, sostiene que este movimiento financiero se amparó en el Programa de Financiamiento a Contratistas, una herramienta legal vigente desde 2003. La lógica es contundente: el banco adelantaba recursos para obras públicas y el Estado, posteriormente, liquidaba esa deuda. 

"El receptor fue una entidad bancaria pública, no un esquema de particulares", enfatizó el abogado. Al tratarse de una reducción de pasivos, la transacción se registró oficialmente en los libros del Gobierno, lo que, a juicio de la defensa, hace imposible sostener la tesis de una estafa oculta.

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Para los defensores, un fraude no se deja por escrito en los informes oficiales del SIGEF ni se publica en la contabilidad pública para el escrutinio de los reguladores. La operación contó con el visto bueno de la Junta Monetaria, cumpliendo con los protocolos de las leyes de presupuesto y tesorería. 

Bajo esta óptica, el exministro simplemente ejecutó una obligación institucional que, de haber sido ignorada, habría supuesto una falta a sus deberes como servidor público.

Transparencia frente a las dudas legales

Respecto a las acusaciones de lavado de activos, la defensa argumenta que existe una imposibilidad jurídica insalvable para el Ministerio Público. Si el dinero era público y lícito, y se movió entre cuentas del propio Estado para cancelar compromisos bancarios, el delito de lavado carece de su materia prima: el origen ilícito. 

"Sin fondos sucios, la narrativa del lavado se desmorona", aseguran los abogados, quienes recalcan que, tras un lustro de indagaciones, no han hallado rastro de enriquecimiento personal.

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El equipo legal se prepara para desmontar la acusación en el tribunal, basándose en registros auditados que describen la operación como una liquidación rutinaria de deudas. 

En este ajedrez judicial, la defensa apuesta por la contabilidad estatal como su mejor testigo, afirmando que lo que la fiscalía llama corrupción fue, en realidad, un ejercicio de responsabilidad financiera para mantener la operatividad de la infraestructura nacional.