Jueza bloquea la deportación de más de 350 mil haitianos desde EE. UU. UU.

Una decisión judicial frena la revocación del estatus migratorio a 350 mil personas

Una jueza federal de Estados Unidos ordenó este lunes la suspensión inmediata de la medida que dejaba sin protección migratoria a más de 350 mil ciudadanos haitianos amparados por el Estatus de Protección Temporal (TPS), evitando así su deportación inminente. La decisión supone un revés directo para la Administración de Donald Trump y para la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, impulsora de la revocación.

La magistrada Anna Reyes, del Distrito de Columbia, concluyó que existen bases sólidas para considerar que la eliminación del TPS para Haití fue una decisión “arbitraria y caprichosa”, además de estar posiblemente motivada por prejuicios raciales. En su resolución, de más de 80 páginas, sostuvo que los demandantes tienen altas probabilidades de ganar el litigio de fondo.

Según el fallo, la secretaria Noem no sustentó su decisión ni en hechos verificables ni en una correcta interpretación de la ley. “No tiene los hechos de su parte, o al menos los ha ignorado. Tampoco tiene la ley de su lado”, señaló la jueza, en una crítica directa al manejo del expediente por parte del Departamento de Seguridad Nacional.

La magistrada también cuestionó las reiteradas declaraciones públicas de Noem en redes sociales, donde ha lanzado duros señalamientos contra los inmigrantes haitianos. Aunque reconoció su derecho a expresarse bajo la Primera Enmienda, subrayó que ese derecho no la exime de cumplir con la Constitución ni con la Ley de Procedimiento Administrativo al ejecutar políticas públicas como el TPS.

El tribunal decidió así conceder la solicitud de los demandantes para suspender la revocación del estatus, lo que mantiene vigentes, al menos por ahora, las protecciones migratorias para los haitianos beneficiarios del programa. El TPS fue creado en 1990 para ofrecer alivio temporal a ciudadanos de países afectados por conflictos armados, desastres naturales u otras crisis extraordinarias.

Desde su retorno al poder, la Administración Trump ha intensificado los esfuerzos para desmantelar este tipo de protecciones. Hasta la fecha, el Departamento de Seguridad Nacional ha eliminado el TPS para nacionales de al menos doce países, incluyendo Haití y Venezuela.

El caso se produce en un contexto judicial complejo. El pasado viernes, una Corte de Apelaciones determinó que la cancelación del TPS para haitianos y venezolanos fue ilegal. Sin embargo, esa sentencia quedó sin efectos inmediatos debido a una orden previa del Tribunal Supremo que limita la aplicación de suspensiones dictadas por tribunales inferiores mientras los litigios siguen abiertos.

Tras el fallo, el Departamento de Seguridad Nacional reaccionó con dureza. La subsecretaria Tricia McLaughlin calificó la decisión como “activismo judicial ilegal” y aseguró que el Gobierno terminará imponiéndose en las instancias superiores. Insistió en que el TPS para Haití fue concedido tras el terremoto de 2010 y nunca estuvo pensado como una amnistía permanente.

“Temporal significa temporal”, afirmó McLaughlin, al tiempo que dejó claro que la Administración confía en un Tribunal Supremo donde cuenta con una mayoría conservadora favorable a sus posiciones migratorias. Mientras tanto, cientos de miles de haitianos continúan protegidos de la deportación, a la espera del desenlace definitivo en los tribunales.