Haití cierra el ciclo del Consejo presidencial entre violencia y fracaso

Más de 10,000 muertes y control pandillero marcan el balance final

PUERTO PRÍNCIPE.- El Consejo Presidencial de Transición (CPT) de Haití entra en su recta final con un balance que difícilmente podrá revertirse. A punto de dejar el poder, su legado queda marcado por la incapacidad de frenar la violencia de las pandillas y por una crisis de seguridad que se profundizó a lo largo de casi dos años de gestión.

Según datos consolidados por la Oficina Integrada de las Naciones Unidas en Haití (BINUH), más de 10,000 personas perdieron la vida durante los 22 meses en que el CPT estuvo al frente del país, entre abril de 2024 y diciembre de 2025. La cifra resume la dimensión de un fracaso que trasciende lo político y golpea de lleno a la población civil.

El último informe de la BINUH detalla que solo en el cuarto trimestre de 2025, entre octubre y diciembre, al menos 1,523 personas murieron y otras 806 resultaron heridas como consecuencia directa de la violencia armada. En el acumulado anual, el panorama es aún más grave: 5,915 fallecidos y 2,708 heridos durante todo 2025.

En Puerto Príncipe, las pandillas no lograron expandir significativamente su control territorial durante ese período, principalmente por las operaciones de las fuerzas del orden. Sin embargo, en las zonas que ya dominan, continuaron cometiendo violaciones graves a los derechos humanos: asesinatos selectivos, secuestros, extorsión, destrucción de viviendas y el uso de niños en actividades criminales.

La violencia se desplazó con mayor fuerza hacia las áreas rurales que rodean la capital y hacia departamentos como Artibonite y Central. Allí, los grupos armados lanzaron ataques indiscriminados contra comunidades enteras, con especial énfasis en agricultores y sus medios de subsistencia. El resultado ha sido un aumento del desplazamiento interno, el colapso de economías locales y un crecimiento sostenido de las necesidades humanitarias.

El informe también señala que cerca del 6 % de las muertes y lesiones registradas se atribuyen a grupos de autodefensa y a civiles vinculados al movimiento “Bwa Kalé”, que actúa contra pandilleros y presuntos colaboradores, muchas veces al margen de la ley.

Un dato especialmente sensible es que más del 62 % de las víctimas del último trimestre murieron o resultaron heridas durante operaciones policiales. Algunas de estas acciones contaron con el apoyo de una empresa militar privada extranjera, que utilizó drones explosivos y helicópteros armados. Al menos 32 civiles, incluidas dos niñas, fueron alcanzados por ataques aéreos, mientras que las operaciones se extendieron a nuevas zonas como Cabaret y Pétion-Ville.

La BINUH también documenta denuncias persistentes de ejecuciones sumarias que involucran a agentes policiales. En ese mismo trimestre, tres policías murieron y cinco resultaron heridos, junto a un miembro del FRG, reflejando un escenario donde la violencia no distingue bandos y el Estado sigue perdiendo control.