España abre proceso histórico para regularizar medio millón de personas

Gobierno pacta vía urgente para otorgar derechos laborales a migrantes

España se prepara para un giro de timón en su política de integración. La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, anunció este martes el inicio de un proceso extraordinario que permitirá a cerca de 500,000 extranjeros salir de la sombra administrativa. 

A través de una reforma urgente del Reglamento de la Ley de Extranjería, el Ejecutivo busca no solo dignificar la vida de quienes ya conviven en el territorio nacional, sino también potenciar el motor económico que representa la fuerza laboral migrante.

Una de cada cinco personas en España es migrante

Solicitudes abiertas desde el mes abril

El cronograma establecido por el Gobierno es ambicioso y busca evitar los colapsos burocráticos del pasado. El plazo para presentar los expedientes arrancará formalmente a principios de abril y se extenderá hasta el 30 de junio. 

La gran novedad de esta convocatoria es la agilidad procesal: una vez que la solicitud sea admitida a trámite —un paso que no debería demorar más de quince días—, el solicitante obtendrá automáticamente el permiso para trabajar en cualquier sector y punto de la geografía española.

Este enfoque pretende atacar la precariedad de raíz. "Somos conscientes de que el empleo y la familia son anclajes fundamentales", señaló Saiz, destacando que la medida también protegerá a los menores de edad que acompañan a los titulares, garantizándoles un estatus legal seguro. 

El compromiso estatal es resolver cada expediente en un tiempo máximo de tres meses, estableciendo un estándar de eficacia poco visto en la administración pública.

La cifra de personas sin papeles se multiplica en España

Impacto positivo en la economía nacional

Más allá de la justicia social, el Gobierno sustenta esta decisión en cifras contundentes. Actualmente, el 14% de los afiliados a la Seguridad Social son extranjeros, un aporte que la ministra califica de indiscutible para la sostenibilidad del sistema. 

La regularización masiva busca aflorar empleos que hoy se encuentran en la economía sumergida, dotando de garantías y derechos a una población que ya contribuye al bienestar colectivo pero carece de respaldo jurídico.

La vía del decreto de urgencia ha sido la herramienta elegida para "sacar del cajón" una iniciativa que contaba con un amplio respaldo social, incluyendo a la Iglesia Católica y sectores empresariales como la CEOE. 

Con este movimiento, el Gobierno lanza un desafío político a la oposición, priorizando lo que considera una urgencia humanitaria y económica. 

Para miles de personas, la cuenta atrás hacia una vida con papeles ha comenzado oficialmente, marcando un antes y un después en el tejido social de la España de 2026. Con datos de Europa Press.