Cuarenta años para dos traficantes de marihuana en Santiago

Tribunal dicta 20 años de prisión para cada uno por alijo de más 2 mil libras de marihuana.

La lucha contra el crimen organizado en el corazón del Cibao ha alcanzado un hito judicial contundente en contra de las estructuras del narcotráfico. El Cuarto Tribunal Colegiado de Santiago ha dictado una condena de 20 años de prisión para cada uno de los implicados en un masivo alijo de más 2 mil libras de marihuana.

Los procesados, José Andrés Rodríguez Guzmán y Ángelo José Rodríguez Rodríguez, fueron hallados culpables de operar una red que pretendía burlar la vigilancia estatal mediante métodos de ocultamiento poco convencionales.

El caso, que se remonta a un operativo interagencial ejecutado en 2023, reveló la magnitud de una organización que no solo manejaba volúmenes industriales de estupefacientes, sino que contaba con un arsenal bélico y logística de empaque sofisticada. 

La Fiscalía de Santiago, representada por la magistrada Jenniffer Rodríguez, logró demostrar cómo estos individuos lideraban una estructura cuyas operaciones se ramificaban por diversas comunidades del norte del municipio.

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Justicia penal contra el narco regional

Durante el juicio, el tribunal integrado por los magistrados Rubén Rodríguez, Rubén Darío Cruz Uceta y Jasmín de los Santos validó un robusto pliego de pruebas. Los jueces no solo impusieron la privación de libertad, sino también una multa de cinco millones de pesos a favor del Estado dominicano. 

El Ministerio Público fue meticuloso al presentar la "experticia" de los condenados, quienes camuflaban la droga simulando ser rollos de tela, una modalidad inusual diseñada para evadir el rastreo de las autoridades antinarcóticos.

El inventario de lo incautado es asombroso: más de 2,227 libras de marihuana distribuidas en 400 pacas, un kilogramo de cocaína de alta pureza y herramientas industriales como máquinas de empaque al vacío y trituradoras. 

La logística se completaba con un despliegue de armas que incluía pistolas nueve milímetros y una escopeta Maverick, elementos que subrayan la peligrosidad de la red desmantelada.

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Sustentando las pruebas

La base legal de esta condena se cimentó en las múltiples violaciones a la Ley 50-88 sobre Drogas y Sustancias Controladas, así como a la Ley 631-16 para el Control y Regulación de Armas y Municiones. 

Las autoridades de la DNCD y el Inacif trabajaron de la mano para certificar que cada gramo de sustancia y cada cápsula de munición formaran parte de un expediente irrefutable.