Fiscalía acusa a alto oficial por muerte en Mirador Sur

El caso destapa poder, violencia y tragedia íntima

La noche que debía ser rutina terminó convertida en escena de crimen. El parque Mirador Sur, pulmón verde del Distrito Nacional, pasó de espacio de recreación a territorio marcado por el eco de un disparo y una historia de violencia que hoy sacude a la opinión pública.

El Ministerio Público solicitó prisión preventiva contra el teniente coronel del Ejército Samuel Elías Céspedes Valdez, imputado por la muerte de la joven Licairis Yalibes Díaz Valenzuela, ocurrida el domingo 25 de enero. Ambos mantenían una relación sentimental, según el expediente.

Discusión terminó en disparo mortal

De acuerdo con la acusación presentada por la procuradora de corte Santa Matilde Reyes Valenzuela, del Departamento de Asuntos Internos de la Fiscalía del Distrito Nacional, la tragedia se produjo durante una discusión entre la pareja dentro del parque. 

Agentes policiales acudieron tras una alerta y encontraron a la joven sin signos vitales.

El oficial fue arrestado en flagrante delito en el mismo lugar. Tras la lectura de sus derechos constitucionales, fue trasladado bajo custodia para iniciar el proceso judicial correspondiente.

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El levantamiento del cuerpo estuvo a cargo de un médico legista del Inacif, quien certificó que la causa de muerte fue una herida de bala. 

El informe forense resultó clave: la trayectoria del proyectil fue descrita como incompatible con un hecho accidental, versión que, según las autoridades, intentó sostener el imputado.

Peritaje contradice versión de accidente

El arma de fuego utilizada fue entregada por el propio acusado y quedó bajo custodia oficial como evidencia. 

Para el Ministerio Público, los elementos reunidos permiten establecer que se trató de un homicidio voluntario, no de un incidente fortuito.

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La calificación jurídica presentada se ampara en los artículos 295 y 304, numeral II, del Código Penal Dominicano. Bajo esta tipificación, la Fiscalía considera que existe peligro de fuga y riesgo procesal, argumentos que sustentan la solicitud de prisión preventiva como medida de coerción.

El caso ha reavivado el debate sobre la violencia de pareja, el uso de armas y la responsabilidad de figuras con rango militar.