Nueva Ley 47-25 de Contrataciones Públicas entra en vigencia

Abinader firmará reglamento que activa la aplicación del nuevo marco legal

Santo Domingo, R.D. – La Ley 47-25 de Contrataciones Públicas entra oficialmente en vigencia este miércoles, tras cumplirse el plazo de 180 días posterior a su promulgación por el presidente Luis Abinader, el pasado 28 de julio. Con ello, el país abre una nueva etapa en la forma en que el Estado compra, contrata y administra los recursos públicos.

El inicio formal de la aplicación de la normativa estará marcado por un acto oficial en el Palacio Nacional, donde el mandatario firmará el decreto que aprueba el Reglamento de Aplicación General de la ley. Este reglamento, según explicó la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP), traduce los principios de la legislación en procedimientos concretos y fija con mayor precisión los estándares, plazos y responsabilidades de las instituciones que integran el Sistema Nacional de Contrataciones Públicas.

La DGCP destacó que la entrada en vigencia no será un proceso automático ni rígido, sino gradual. La implementación contempla una fase de capacitación y acompañamiento a las unidades de compras de las entidades públicas, con el objetivo de asegurar que todas puedan adaptarse al nuevo marco sin rezagos ni improvisaciones.

“El despliegue gradual asegura que cada etapa cuente con el respaldo reglamentario necesario, brindando certeza y pasos claros para todos los actores del sistema”, afirmó el director general de Contrataciones Públicas, Carlos Pimentel, en una nota de prensa difundida por la institución.

Como parte de este proceso, la DGCP anunció además que este jueves emitirá una resolución que orientará los próximos pasos institucionales y servirá de guía práctica para garantizar la correcta aplicación de la ley en las entidades sujetas a su alcance.

La Ley 47-25 introduce cambios de fondo en el sistema de compras públicas. Entre sus disposiciones más relevantes figura el fortalecimiento del apoyo a las micro, pequeñas y medianas empresas, con un aumento de la reserva presupuestaria del 20 % al 30 %, con énfasis especial en las mipymes lideradas por mujeres.

También endurece el Régimen de Consecuencias para prevenir y sancionar prácticas de corrupción, incorpora nuevas modalidades de contratación y establece el uso obligatorio del Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas (SECP).

A ello se suma la integración de criterios medioambientales y de sostenibilidad en los procesos de compra, un paso que busca alinear las contrataciones del Estado con estándares modernos de transparencia, eficiencia y responsabilidad social.